El presidente Javier Milei lanzó un ultimátum a las compañías internacionales vinculadas con proyectos en las Islas Malvinas: deberán optar entre participar en actividades que Argentina considera ilegales y conservar sus negocios dentro del territorio continental argentino. “No se pueden hacer las dos cosas”, advirtió durante una cadena nacional.
El Gobierno anunció un decreto para acelerar la aplicación de la Ley 26.659, que prevé la inhabilitación automática de empresas involucradas, directa o indirectamente, en la explotación de recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina. El alcance también podría extenderse a accionistas, directivos y proveedores, mediante un mayor intercambio de información entre organismos públicos.
Una estrategia de presión económica y militar
La Cancillería, según Milei, ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países con intereses en las islas. La nueva ofensiva busca elevar el costo comercial y jurídico de operar en un territorio cuya soberanía es disputada, aunque su eficacia dependerá de la capacidad argentina para identificar estructuras indirectas y hacer cumplir las sanciones.
En paralelo, el Ejecutivo confirmó la ampliación inmediata de los recursos del Ministerio de Defensa mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. El objetivo es construir una base naval integrada en Tierra del Fuego, destinada a reforzar las telecomunicaciones militares y las capacidades logísticas en el Atlántico Sur.
La combinación de restricciones económicas, advertencias diplomáticas y mayor presencia estratégica marca un endurecimiento de la política argentina sobre las Malvinas. El Gobierno procura trasladar la disputa desde el plano de la reivindicación soberana hacia decisiones concretas de inversión y operación empresarial, con posibles efectos sobre proyectos petroleros y sobre las relaciones con los países y compañías involucrados.
