La dificultad para acceder a una vivienda está ampliando el perfil de quienes optan por compartir piso en España. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la edad media de las personas que comparten vivienda se sitúa ya en los 31 años, una cifra que refleja cómo el encarecimiento del alquiler y la pérdida de capacidad de ahorro han convertido esta fórmula en una solución que afecta a más generaciones.
El fenómeno sigue concentrándose entre los jóvenes, pero ya no puede describirse únicamente como una circunstancia propia de universitarios o de personas en la veintena. La franja de entre 18 y 24 años representa el 44% del total, mientras que quienes tienen entre 25 y 34 años alcanzan el 33%. La suma de ambos grupos mantiene el mayor peso, aunque la evolución más significativa se encuentra en las edades superiores.
Más personas adultas comparten vivienda por falta de alternativas
Las personas mayores de 35 años ya superan el 25% de quienes comparten piso, de acuerdo con la estadística citada. El crecimiento resulta especialmente visible entre los grupos de más edad. Entre 2022 y la actualidad, la proporción de personas de 55 a 75 años que viven en una vivienda compartida ha pasado del 3% al 12%. En términos relativos, el dato se ha multiplicado por cuatro en un periodo de cuatro años.
La evolución apunta a un cambio en la función que cumple el piso compartido. Para muchos jóvenes, continúa siendo una forma de iniciar la emancipación sin asumir en solitario el coste de una vivienda. Para los adultos que ya han abandonado la etapa universitaria o laboral inicial, puede representar una respuesta a separaciones, pensiones insuficientes, empleos inestables o alquileres que han crecido por encima de sus ingresos.
Los datos no significan que todas las personas de esas edades se encuentren en la misma situación ni que compartir vivienda responda siempre a una dificultad económica. Sin embargo, el aumento de los grupos de mayor edad sugiere que esta opción está dejando de ser una fase transitoria asociada a la juventud para convertirse, en determinados casos, en una solución residencial más prolongada.
Andalucía, Madrid y Cataluña concentran la mayor parte del fenómeno
La distribución territorial tampoco es uniforme. Andalucía encabeza el volumen de personas que comparten piso, con el 23% del total. Le siguen la Comunidad de Madrid, con un 20%; Cataluña, con un 13%, y la Comunidad Valenciana, con un 12%. Estas comunidades combinan distintos factores que pueden favorecer el uso de viviendas compartidas, como una mayor concentración urbana, mercados laborales más dinámicos y, en varias de sus ciudades, precios de alquiler especialmente elevados.
La comparación entre territorios debe interpretarse con cautela, ya que un porcentaje mayor de personas que comparten vivienda no implica necesariamente que exista un único motivo detrás. La presión del alquiler, la llegada de población por razones laborales o educativas y la disponibilidad de viviendas pueden influir de manera distinta en cada comunidad. Además, las cifras agregadas no permiten medir por sí solas la duración de la convivencia ni las condiciones de los pisos compartidos.
El coste residencial condiciona la pareja, la maternidad y la compra
El economista Ernesto Campos explicó en los informativos de Antena 3 que la emancipación no siempre conduce a vivir en solitario. “Cuando por fin se va el español solo, se va a un piso compartido”, afirmó. A su juicio, esta situación puede retrasar la convivencia en pareja y la maternidad, porque la vivienda compartida no ofrece las mismas condiciones de privacidad, estabilidad o espacio que un hogar independiente.
Campos vinculó también la situación residencial con la baja natalidad española. España presenta una de las tasas de natalidad más reducidas de Europa y la edad media para tener el primer hijo se sitúa en torno a los 33 años, según la explicación recogida por la cadena. El experto añadió que el acceso a la compra se retrasa igualmente: cada mes destinado al alquiler reduce, en su análisis, la capacidad de acumular ahorro para una entrada y para los gastos asociados a una vivienda en propiedad.
La relación entre alquiler y compra, no obstante, no es automática. El ahorro disponible depende también de los salarios, la estabilidad laboral, el precio de las hipotecas y los requisitos de financiación. Por eso, incluso quienes consiguen emanciparse compartiendo piso pueden seguir alejados durante años de la compra de una vivienda, especialmente en las zonas donde la diferencia entre ingresos y precios residenciales es mayor.
El entorno rural gana atractivo entre los jóvenes
Ante esta presión, una parte de la población joven empieza a considerar alternativas fuera de las grandes ciudades. Un estudio reciente de Fotocasa Research señala que el 38% de las personas de entre 25 y 34 años se plantea trasladarse a una localidad de menos de 10.000 habitantes.
El interés por los municipios pequeños puede relacionarse con la búsqueda de alquileres más asequibles, viviendas de mayor tamaño y una menor competencia residencial. Sin embargo, el traslado no siempre resulta viable: la oferta de empleo, el transporte público, la conexión digital, los servicios sanitarios y educativos y la distancia respecto a los centros de actividad siguen siendo factores determinantes.
La extensión del piso compartido a edades más avanzadas y el creciente interés por localidades pequeñas muestran que la crisis de acceso a la vivienda está modificando decisiones que antes se asociaban a etapas concretas de la vida. La emancipación, la formación de un hogar, la maternidad y la compra ya no siguen necesariamente una secuencia lineal, sino que dependen cada vez más de la capacidad de los hogares para afrontar un mercado residencial con costes elevados y una oferta limitada en las áreas de mayor demanda.
