La prohibición de celulares en las escuelas públicas de Nueva York mejoró la atención, la participación y la interacción entre estudiantes durante los primeros meses, pero su aplicación perdió fuerza con el paso del tiempo. El balance del primer año revela que retirar los dispositivos de las aulas era una medida popularmente necesaria, aunque mucho más difícil de sostener cuando la vigilancia quedó, en buena medida, sobre los hombros de los maestros.
La norma comenzó a regir en septiembre de 2025 en los cerca de 1,600 planteles públicos de los cinco condados. La Ley de Escuelas Libres de Celulares exige mantener los dispositivos personales fuera de uso “de campana a campana”: durante las clases, el almuerzo, el recreo y los recesos. En la ciudad, la disposición se aplicó mediante la Regulación A-413, con 25 millones de dólares en fondos municipales, además de recursos estatales.
El cambio fue evidente cuando el teléfono desapareció
Docentes entrevistados de manera anónima en escuelas secundarias de Harlem y el Alto Manhattan describieron los primeros meses como un cambio “del cielo a la tierra”. Al dejar de revisar mensajes, redes sociales o juegos en línea, los alumnos prestaron más atención, participaron con mayor frecuencia y establecieron conversaciones más directas con sus compañeros y profesores.
En una de las escuelas consultadas, cada estudiante recibió una bolsa de seguridad. Debía apagar el teléfono, introducirlo en el estuche y mantenerlo guardado durante toda la jornada. Según un educador, al principio el cumplimiento fue prácticamente general. La ausencia del aparato redujo las distracciones y modificó incluso la dinámica social del aula: los estudiantes intervenían más y dependían menos de la pantalla para llenar los momentos de pausa.
Las encuestas estatales respaldan esa primera impresión. A mitad del año escolar, más del 90% de 350 administradores consultados calificó de fluida la transición y más del 80% observó una mejor participación estudiantil. En una segunda encuesta, respondida por 585 maestros, administradores y empleados escolares, el 80% consideró positivos los resultados; el 76% reportó avances en la atención y el comportamiento, y otro 76% señaló una mayor participación.
La regla empezó a desgastarse en los espacios menos controlados
El cumplimiento, sin embargo, no se mantuvo con la misma intensidad durante todo el curso. Un maestro relató que alrededor de enero algunos alumnos comenzaron a probar los límites: primero sacaban el teléfono discretamente para jugar y después lo utilizaban durante el recreo o las actividades deportivas. En el salón, donde la presencia del docente es constante, había más respeto por la norma; fuera del aula, la vigilancia se volvía irregular.
Ese patrón apunta a una dificultad de diseño más que a un simple problema de disciplina. Una prohibición uniforme fue aplicada mediante procedimientos diferentes en cada escuela. Algunos planteles optaron por bolsas de bloqueo; otros utilizaron casilleros u otros sistemas de almacenamiento. La flexibilidad permitió adaptar la política a las condiciones locales, pero también produjo experiencias muy distintas entre aulas y edificios.
La falta de consecuencias claramente conocidas agravó el desgaste. La ley impide suspender a un estudiante exclusivamente por incumplir la política de dispositivos, aunque una negativa reiterada a entregar o guardar el teléfono puede llevar a una suspensión. Las escuelas pueden aplicar medidas progresivas, pero deben integrarlas en sus reglamentos disciplinarios generales. Para algunos docentes, esa ambigüedad transmite a los alumnos que romper la regla no necesariamente tendrá un costo.
Cuando el control recae en el maestro, la clase paga la factura
Un teléfono visible durante una lección obliga al educador a elegir entre varias opciones poco satisfactorias: interrumpir la clase, retirar el aparato o enviar al estudiante fuera del aula para que otro empleado se encargue. Después pueden venir una llamada a la familia, la documentación del incidente y el registro de la queja.
El problema no es únicamente el tiempo perdido. Retirar un dispositivo costoso también crea una responsabilidad material. Si el teléfono se extravía o se daña, surge la pregunta de quién debe responder. Un docente hispano explicó que no puede permanecer toda la jornada pendiente de quién sacó el aparato y quién está incumpliendo el reglamento. Una política que depende de una supervisión individual permanente corre el riesgo de convertir una decisión institucional en una carga personal.
La posición de los directores también fue decisiva. Algunos respaldaron de manera estricta la restricción; otros consideraron que los alumnos debían conservar acceso al teléfono por motivos de emergencia. La normativa exige que las escuelas ofrezcan canales alternativos de comunicación entre las familias y sus hijos, incluida una línea telefónica escolar, pero la percepción de seguridad de padres, estudiantes y administradores siguió influyendo en el grado de aplicación.
Más atención no equivale automáticamente a mejores resultados académicos
Los primeros datos muestran beneficios claros en la conducta cotidiana, pero todavía no permiten afirmar que la prohibición elevará por sí sola el rendimiento escolar. Una investigación de 2025 sobre Florida encontró mejoras en los exámenes después de la adaptación a la norma, asociadas también con una reducción del ausentismo. Al mismo tiempo, las suspensiones aumentaron cerca de 25% en general y 30% entre varones afroamericanos, lo que reabrió el debate sobre posibles desigualdades raciales en la disciplina.
Otro estudio, publicado en 2026 por investigadores de Stanford, Pensilvania, Duke y Michigan, concluyó que las fundas redujeron el uso de celulares, pero no produjeron efectos relevantes en rendimiento, ausentismo o acoso escolar. Los resultados fueron pequeños y contradictorios según el nivel educativo. La evidencia disponible sugiere que limitar el teléfono puede mejorar las condiciones para enseñar, pero no reemplaza la calidad pedagógica, el apoyo emocional ni las políticas contra la violencia escolar.
La dependencia digital no termina al salir de la escuela
Los maestros describen en algunos adolescentes una relación de fuerte apego con el aparato y con la gratificación inmediata de las redes sociales. Esa observación coincide con preocupaciones ampliamente documentadas sobre la compleja relación entre redes, ansiedad y salud mental, aunque no permite atribuir esos problemas a una sola causa. La administración de Kathy Hochul vinculó la prohibición con otras medidas, como la Ley SAFE for Kids y la protección de datos infantiles.
El desafío más profundo está fuera de los planteles. La escuela puede retirar el teléfono durante seis o siete horas, pero no puede determinar cuánto tiempo pasa un estudiante conectado en casa ni qué hábitos digitales observa en su familia. Por eso, el informe que los distritos deben publicar el 1 de septiembre de 2026 será especialmente relevante: además de describir la aplicación de las reglas, deberá incluir datos demográficos no identificables sobre los alumnos disciplinados y examinar si la norma se aplicó de manera desigual. El primer año demostró que apagar el teléfono puede cambiar el ambiente escolar; el segundo tendrá que demostrar si el sistema aprendió a sostener ese cambio sin convertirlo en una batalla diaria para los maestros.
