El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Alejandro Ramelli, declaró que el tribunal está listo para iniciar el proceso de empalme con el gobierno electo de Abelardo De La Espriella. El magistrado subrayó la necesidad de preservar la institucionalidad del Acuerdo de Paz y la justicia transicional, en un contexto donde el nuevo mandatario ha cuestionado duramente el funcionamiento de la JEP.
Ramelli señaló que la JEP cuenta con blindaje constitucional e internacional, pero insistió en que el foco debe estar en la implementación del acuerdo firmado en 2016. Recordó que más de 11.000 firmantes de paz están cumpliendo con sus obligaciones y que las víctimas acceden por primera vez a verdades judiciales, algo que no puede medirse solo por el número de sentencias emitidas.
Críticas presupuestales y respuesta institucional
De La Espriella había calificado a la JEP como un “bodrio” y anunció revisiones drásticas, incluido el presupuesto. Ramelli respondió que el debate debe centrarse en la seguridad jurídica de comparecientes y víctimas, más que en recortes, porque debilitar el sistema restaurativo afectaría directamente la reparación y la verdad en casos complejos como las ejecuciones extrajudiciales.
La postura de la JEP refleja la tensión inherente entre la crítica política al ritmo de resultados y la defensa de un modelo de justicia transicional diseñado para un conflicto armado prolongado. El diálogo técnico pendiente determinará si se mantiene la continuidad institucional o si se producen ajustes que alteren el equilibrio alcanzado en los últimos diez años.
