El Ministerio de Economía enfrenta una decisión que puede cerrar —o prolongar— uno de los conflictos internos más persistentes del Servicio Nacional del Consumidor. El 16 de septiembre vence el plazo para que el ministro Daniel Mas comunique si renueva o pone término al período de Andrés Herrera, director del Sernac suspendido desde noviembre de 2025 tras una denuncia por acoso laboral y la apertura de un sumario administrativo.
La fecha importa porque el nombramiento de Herrera expira el 17 de octubre. Bajo las normas de Alta Dirección Pública, la autoridad competente debe informar con 30 días corridos de anticipación si el ciclo continúa o concluye. En este caso, no se trata solo de una definición administrativa: la decisión determinará si el organismo sigue arrastrando una jefatura formalmente vigente, pero ausente de sus funciones desde hace casi un año.
Un plazo administrativo con efectos políticos y laborales
En Economía evalúan las alternativas disponibles, entre ellas insistir en una solicitud de renuncia. El ministro Mas ya intentó ese camino en marzo, poco después de asumir la cartera, cuando pidió a Herrera que dejara voluntariamente el cargo. El director se negó. Desde entonces, la situación quedó condicionada por el sumario y por la vigencia de su nombramiento, mientras la conducción cotidiana del Sernac permanece en manos de Carolina González, jefa de Fiscalización y directora subrogante.
Fuentes de la cartera descartan que el vencimiento del período produzca una renovación automática. La continuidad debe formalizarse mediante un decreto, lo que entrega al Ejecutivo una oportunidad concreta para definir el rumbo institucional. Pero también abre un flanco: si la comunicación o el procedimiento no se resuelven oportunamente, Herrera podría recurrir a acciones contra el servicio, según advierten funcionarios consultados por Teletrece.
La expectativa dentro del Sernac se concentra, por ello, en la próxima semana. Para los equipos internos, una salida formal del director podría despejar una estructura de mando que opera de manera provisoria desde noviembre pasado. Para el ministerio, en cambio, la decisión exige compatibilizar el respeto al procedimiento de Alta Dirección Pública, el carácter reservado del sumario y la necesidad de evitar nuevos litigios.
El costo de una suspensión prolongada
El conflicto adquirió mayor relevancia pública por el pago de remuneraciones y beneficios durante la suspensión. Desde octubre de 2025, Herrera ha recibido más de $95 millones entre sueldos y bonos, pese a no haber retornado a su despacho. En julio percibió una remuneración bruta de $9.819.731. En agosto, la cifra transferida ascendió a $12.348.943, incluyendo bonos por gestión y un premio asociado a un reconocimiento obtenido por el Sernac en 2025.
Esos pagos no constituyen, por sí solos, una irregularidad acreditada: la suspensión y las remuneraciones de un funcionario o directivo están sujetas a reglas administrativas que dependen de las resoluciones adoptadas en cada procedimiento. Sin embargo, la duración del caso convirtió ese gasto en un asunto de interés institucional. Mientras más se extiende la separación entre la titularidad del cargo y su ejercicio efectivo, más difícil resulta explicar por qué el organismo debe sostener simultáneamente una dirección suspendida y una conducción subrogante.
La diputada Ana María Gazmuri llevó esa inquietud a la Contraloría. En su presentación pidió indagar las consecuencias de la situación para los recursos del servicio y calificó el desembolso como un posible daño patrimonial significativo para una entidad de presupuesto acotado. Su planteamiento pone el foco en un problema más amplio que la continuidad individual de Herrera: la capacidad del Estado para resolver con rapidez conflictos disciplinarios que comprometen a autoridades de alto nivel.
Una crisis que comenzó antes de la suspensión
El origen del caso se remonta a marzo de 2025, cuando se profundizaron las diferencias entre Herrera y funcionarios del Sernac. Las tensiones derivaron en movilizaciones en el acceso del edificio de calle Agustinas, donde la asociación gremial instaló carteles críticos de la conducción del organismo. La controversia escaló el 16 de octubre de ese año, cuando, según la denuncia presentada posteriormente, Herrera retiró personalmente algunos letreros y encaró a dirigentes gremiales.
El escrito señala que el entonces director cuestionó las acusaciones mediante expresiones como “¿qué maltrato?, ¿qué nepotismo?” y describe una actitud alterada, de tono elevado y hostil. La denuncia fue presentada ante el entonces ministro de Economía, Álvaro García, bajo acusaciones de acoso laboral. También incluyó referencias a reportes previos de comportamientos hostiles hacia dirigencias gremiales durante 2023 y 2025. Herrera solicitó licencia médica en medio de la controversia y no volvió a sus funciones; el 18 de noviembre de 2025 fue suspendido tras la apertura del sumario.
El director ha declinado comentar los antecedentes por tratarse de un proceso en curso y de carácter reservado. Esa cautela es coherente con una investigación administrativa aún no cerrada, pero la reserva no elimina el problema de gestión que enfrenta el Ejecutivo. La decisión sobre su período debe tomarse antes de que exista necesariamente una conclusión pública del sumario, obligando a separar dos planos: la eventual responsabilidad disciplinaria y la conveniencia de mantener una relación funcionaria que ha dejado al servicio en un prolongado estado de interinidad.
Lo que se juega para el Sernac
El Sernac es un organismo pequeño en estructura, pero con una función especialmente visible: representa la capacidad del Estado para fiscalizar mercados y defender a consumidores frente a empresas de mayor poder económico. Una crisis de conducción prolongada no paraliza necesariamente su trabajo técnico, pero puede afectar la cohesión interna, diluir responsabilidades y restar autoridad a decisiones que requieren coordinación sostenida.
La definición del 16 de septiembre será, por tanto, una prueba de capacidad de cierre institucional. Si Economía formaliza una salida o resuelve con claridad la continuidad, reducirá la incertidumbre que se instaló desde 2025. Si el caso queda nuevamente abierto, el costo ya no será solo financiero o jurídico: reforzará la percepción de que los mecanismos estatales reaccionan con lentitud cuando las denuncias por maltrato involucran a quienes deben dirigir equipos públicos.
