Una joven de 18 años denunció que tres policías la retuvieron contra su voluntad en un patrullero y le sustrajeron aproximadamente US$30 mil en Juliaca, región Puno. El caso no terminó con esa presunta apropiación: después de ser liberada en una zona alejada de la ciudad, la denunciante aseguró que fue asaltada por hombres encapuchados que se movilizaban en motocicletas y le arrebataron la mochila donde llevaba el resto del dinero.
La Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (DIRCOCOR) investigan si ambos hechos estuvieron conectados. La principal línea de trabajo busca determinar si la intervención policial permitió conocer que la joven transportaba una fuerte suma de dinero y si existió coordinación con los sujetos que posteriormente la interceptaron.
La denuncia comenzó en pleno centro de Juliaca
El episodio ocurrió la tarde del jueves 3 de setiembre, luego de que Sujey Slim Cárdenas Ramírez saliera de una casa de cambios ubicada en la zona conocida como Ocoñita. La joven había acudido por encargo de su familia para cambiar más de US$60 mil destinados a la compra de un vehículo.
Cuando caminaba por las inmediaciones del jirón Mariano Núñez con San Martín, dos efectivos descendieron de una unidad policial y se acercaron a ella. Las cámaras de seguridad registraron la intervención. Según su testimonio, los agentes le preguntaron qué llevaba en la mochila y luego la condujeron hasta el patrullero de placa KR-27503.
La denunciante sostuvo que uno de los policías la sujetó del brazo y la obligó a subir al vehículo oficial. “Yo no quería subir, pero el oficial me agarró del brazo y me subió a la camioneta”, relató. También afirmó que nunca fue trasladada a una dependencia policial, sino que el patrullero recorrió distintos puntos de Juliaca mientras los agentes la interrogaban.
La presunta presión para entregar el dinero
De acuerdo con la versión de la joven, los efectivos la amenazaron con llevarla ante la Fiscalía por un supuesto delito de lavado de activos si no entregaba parte del efectivo. La denunciante explicó que se encontraba en un lugar apartado y que, ante el temor de ser acusada, permitió que revisaran sus pertenencias.
“Cuando abrí mi mochila, me dijo: ‘Ya, ¿cuánto me vas a dar?’. Yo le respondí que no era mi dinero y que no podía darle nada. Entonces me dijo: ‘No me vas a hacer perder mi tiempo, te voy a llevar a la Fiscalía por lavado de activos’”, declaró.
La joven también aseguró que escuchó a los policías coordinar un posible traslado hacia una zona elevada de la ciudad. Según su relato, uno de ellos habría indicado al conductor que la llevara al cerro. Finalmente, alrededor de US$30 mil fueron retirados de la mochila y la joven habría sido dejada en libertad en un descampado de las afueras de Juliaca.
El segundo asalto abrió una hipótesis más grave
La denunciante afirmó que, poco después de abandonar el patrullero, fue interceptada por sujetos encapuchados que viajaban en motocicletas. Los desconocidos le quitaron la mochila en la que permanecía la otra parte del dinero cambiado en la casa de cambios.
Para la joven, este segundo robo podría guardar relación con la primera intervención. Su sospecha es que personas vestidas de civil pudieron seguir el recorrido de la unidad policial o recibir información sobre el dinero que transportaba desde el momento en que realizó la operación financiera. Esa posibilidad todavía no ha sido confirmada, pero constituye uno de los puntos centrales de las diligencias fiscales.
La secuencia resulta relevante porque la investigación no solo debe establecer si hubo una exigencia ilegal de dinero dentro del patrullero. También tendrá que precisar cómo se obtuvo la información sobre la víctima, quiénes conocían el recorrido y si los dos grupos actuaron de manera independiente o coordinada. La conexión entre ambos hechos cambiaría la dimensión del caso, al pasar de una presunta corrupción individual a una posible estructura de colaboración criminal.
Un policía está en prisión preventiva
Los agentes señalados son el alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez, el suboficial de tercera Frank Euler Mercado Roque y el agente Hernán Álvaro Mamani Mendoza. Tras la denuncia, el fiscal anticorrupción Christhian Derly Arenas Velásquez acudió a la comisaría central de Juliaca. Allí, la agraviada reconoció a Romero Sánchez como uno de los efectivos que, según su versión, la presionó para entregar el dinero.
El alférez fue detenido en flagrancia y posteriormente el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. Los otros dos policías permanecen, según la información del caso, no habidos. La medida cautelar no determina responsabilidad penal, pero refleja la necesidad de asegurar la investigación ante la gravedad de la acusación y la existencia de diligencias aún pendientes.
El Ministerio Público dispuso peritajes técnicos, la revisión de las cámaras de seguridad y el análisis del cuaderno de patrullaje para reconstruir el recorrido del vehículo desde la casa de cambios hasta el lugar donde la joven fue abandonada. Las grabaciones deberán ser contrastadas con los testimonios, los registros de la unidad y cualquier evidencia vinculada con los sujetos que cometieron el segundo asalto.
La prueba deberá reconstruir cada tramo
El caso expone un problema que va más allá del monto denunciado: una intervención policial que, en lugar de conducir a una sede oficial y quedar documentada, habría terminado en un recorrido irregular, la pérdida de dinero y un posterior asalto. La investigación deberá establecer si los agentes actuaron dentro de sus atribuciones, si existía una causa legal para intervenir a la joven y qué ocurrió exactamente durante el trayecto.
Mientras se realizan esas diligencias, la denunciante expresó temor por su seguridad. Su testimonio, las imágenes de las cámaras y los registros oficiales serán decisivos para determinar responsabilidades. La prioridad de las autoridades será esclarecer tanto la presunta sustracción de los US$30 mil como el asalto posterior, sin perder de vista la posible relación entre ambos episodios y la obligación de proteger a la joven durante el proceso.
