La disputa se concentra en el origen y la custodia de los explosivos
El comandante general del Ejército, Alejandro Alarcón, negó que Maxam Fanexa haya tenido un depósito de explosivos dentro del regimiento Bolívar de Viacha, escenario de las explosiones del 4 de septiembre. La afirmación busca desmarcar a la institución militar y a la empresa del señalamiento planteado por la abogada minera Paola Barriga, quien sostuvo que el cuartel funcionaba desde junio como centro de distribución de material destinado a operaciones mineras.
“No existe ningún tipo de depósito de Maxam Fanexa en instalaciones del regimiento Bolívar”, declaró Alarcón en una entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER. Su posición introduce una contradicción central en la investigación pública sobre la tragedia: no solo se discute qué materiales detonaron, sino también quién los almacenaba, bajo qué controles ingresaron al recinto y cuál era su destino final.
La gravedad del caso amplifica la necesidad de establecer esa cadena de responsabilidades. Hasta el momento se reportaron nueve personas fallecidas y 84 heridas, mientras continúa la búsqueda de cinco cuerpos. En un hecho de esta dimensión, la definición sobre la procedencia de los explosivos no es un detalle administrativo: puede determinar si existieron fallas en la custodia estatal, actividad comercial autorizada, desvío de material o ingreso irregular de insumos de alto riesgo.
Una versión contrapuesta sobre la distribución minera
La versión de Barriga es específica. Según explicó, hasta junio los explosivos para el sector minero eran guardados y distribuidos desde el cuartel Ingavi, en El Alto, pero ese circuito habría sido trasladado al regimiento Bolívar de Viacha. La abogada afirmó que los mineros recogían el material en la parte posterior del cuartel, a partir de gestiones que ella misma realizaba para sus clientes.
Ese relato no prueba por sí solo que Maxam Fanexa contara con un depósito formal dentro de instalaciones militares, pero sí plantea preguntas verificables. Si hubo entregas periódicas a cooperativistas o empresas mineras desde el perímetro del regimiento, deberían existir registros de ingreso y salida, autorizaciones institucionales, guías de transporte, facturas, contratos de almacenamiento, libros de control y documentación de recepción por parte de los compradores.
Alarcón respondió que Barriga debe presentar respaldo oficial para sostener su acusación. El pedido es razonable desde el punto de vista probatorio, aunque también desplaza la atención hacia los archivos que el propio Ejército y las entidades reguladoras deberían preservar. La carga de esclarecer el hecho no puede recaer únicamente en quien formula una denuncia pública: las instituciones involucradas tienen el deber de exhibir sus mecanismos de control y facilitar su contraste con los registros comerciales del sector explosivos.
Los materiales hallados abren otra línea de investigación
En la zona de la tragedia se reportó el hallazgo de pólvora negra, boosters y material bélico. Para el comandante del Ejército, los boosters recuperados no son de fabricación boliviana y corresponderían a material decomisado cuando ingresaba ilegalmente al país. Esta explicación, si es confirmada mediante pericias independientes y trazabilidad documental, separaría esos insumos de la producción regular atribuida a empresas que operan en el mercado legal.
Pero la distinción técnica entre un booster decomisado, un explosivo de uso civil y material bélico no elimina automáticamente las interrogantes sobre su presencia en un cuartel. Por el contrario, obliga a reconstruir con mayor precisión cómo fue almacenado el material incautado, qué unidad tenía su custodia, si se encontraba debidamente inventariado y si estaba separado de otras sustancias peligrosas. En recintos militares, donde pueden coexistir armas, municiones y bienes incautados, una falla de clasificación o de almacenamiento puede multiplicar las consecuencias de un incidente.
La pólvora negra agrega complejidad al cuadro. Es un compuesto con aplicaciones históricas en actividades civiles y militares, pero su identificación inicial no define por sí misma ni su origen ni su uso. Solo los análisis de laboratorio, los números de lote, los embalajes recuperados y la comparación con inventarios oficiales pueden convertir un hallazgo material en una conclusión judicial o administrativa sólida.
La transparencia será decisiva para recuperar confianza
El choque de versiones revela un problema que va más allá de la disputa entre el Ejército, una abogada y una empresa vinculada al mercado de explosivos. La ciudadanía necesita saber si el regimiento Bolívar albergaba únicamente material estatal, bienes decomisados o también operaciones logísticas de terceros; y, en cada caso, qué autoridad autorizó, supervisó y registró esas actividades.
La investigación tendrá mayor credibilidad si publica resultados periciales, inventarios previos y posteriores a las explosiones, actas de decomiso, autorizaciones de traslado y la identificación de los responsables de custodia. Sin esa información, las declaraciones contrapuestas pueden prolongar la incertidumbre de las familias afectadas y alimentar sospechas difíciles de despejar. La tragedia de Viacha exige respuestas técnicas antes que conclusiones apresuradas: establecer de dónde vino cada explosivo y cómo llegó al lugar es la vía para determinar responsabilidades y evitar que una falla similar vuelva a cobrar vidas.
