Desbordes confirma resguardo y advierte que las amenazas a alcaldes pueden crecer

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó que integra el grupo de 22 jefes comunales que cuentan con medidas de protección, según informó el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras las amenazas conocidas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Desbordes evitó detallar el tipo de resguardo vigente, pero sostuvo que existe “harta amenaza” y que el fenómeno difícilmente se limita a los casos que han alcanzado notoriedad pública.

Desbordes confirma resguardo y advierte que las amenazas a alcaldes pueden crecer

Presión criminal y respuesta institucional

El jefe comunal vinculó los riesgos con operativos y fiscalizaciones en sectores como Meiggs y Franklin, donde, afirmó, se ha afectado a organizaciones peligrosas. También situó la violencia política en establecimientos educacionales como una fuente de tensión. Su advertencia apunta a un problema más amplio: alcaldes expuestos a amenazas de distinta intensidad, algunas posiblemente calificadas como de menor gravedad, pero que revelan una presión creciente sobre autoridades locales.

Desbordes planteó que el país enfrenta no sólo un aumento delictual, sino un cambio de cultura criminal que obliga a ajustar la reacción estatal. En esa línea, valoró que la Comisión de Seguridad del Senado sesionara en San Bernardo, aunque advirtió que los gestos políticos deben traducirse en respaldo efectivo a la agenda de seguridad del Gobierno. La protección individual puede contener riesgos inmediatos, pero no sustituye investigaciones, condenas y capacidades municipales para enfrentar redes que buscan intimidar a quienes intervienen sus territorios.

El alcalde además cuestionó a sectores del Partido Comunista y del Frente Amplio por, a su juicio, relativizar la violencia política en colegios al desplazar el foco hacia explicaciones sociales. Más allá de esa disputa, el punto central es que las amenazas contra autoridades y la violencia organizada requieren respuestas coordinadas: evaluar cada riesgo con rigor, proteger a las víctimas y desarticular a los grupos responsables antes de que la intimidación se convierta en una herramienta normal de control territorial.

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