Las Fuerzas Armadas asumieron el control de seguridad en los alrededores de cinco penales ubicados en Lima, Pasco, Tacna y La Libertad, tras la declaratoria de emergencia por 60 días dispuesta por el Gobierno. La intervención alcanza a Challapalca, Cochamarca, Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones, donde se estableció un perímetro de 200 metros para vigilar accesos y reducir riesgos de fugas, ingreso de objetos prohibidos y ataques contra el personal penitenciario.
Vigilancia externa y control de comunicaciones
La Policía operará junto con los militares en acciones de control dentro y fuera de los establecimientos. El despliegue incorpora detectores de metales, equipos de rayos X y dispositivos de ondas milimétricas para la revisión de visitas. En el penal El Milagro, en Trujillo, se envió un contingente de 30 efectivos. Además, el Ejecutivo prevé bloquear señales de telefonía móvil e intervenir inmuebles con antenas situados dentro del perímetro de seguridad.
El objetivo es impedir que las cárceles sigan funcionando como centros de coordinación de extorsiones, sicariato y otras operaciones criminales. La medida responde a una vulnerabilidad conocida: el control físico de los accesos resulta insuficiente si los internos conservan comunicaciones, contactos externos y capacidad para corromper los mecanismos de vigilancia.
Una respuesta inmediata con límites estructurales
El exministro del Interior Rubén Vargas respaldó el despliegue, pero advirtió que no equivale por sí solo a una reforma penitenciaria. Su observación apunta al problema de fondo: el hacinamiento y la falta de clasificación efectiva mezclan a internos primarios con reclusos de alta peligrosidad, favoreciendo redes de reclutamiento y violencia dentro de los penales.
La intervención militar puede recuperar control operativo en el corto plazo, pero su impacto dependerá de medidas permanentes: culminar cárceles inconclusas, ampliar pabellones de alta seguridad, separar perfiles criminales y cortar de forma sostenida las comunicaciones ilegales. Sin esa combinación, el estado de emergencia corre el riesgo de ser una contención temporal frente a una crisis penitenciaria que continúa alimentando la criminalidad en las calles.
