La Comisaría de Familia de Chinchiná pidió que cualquier traslado de funcionarios de la Alcaldía hacia el Centro Cultural se haga bajo condiciones verificables de seguridad, privacidad y capacidad operativa. La propuesta no cuestiona la necesidad de encontrar una sede distinta, sino la posibilidad de que una solución provisional termine reproduciendo, en otro lugar, problemas de hacinamiento, exposición a riesgos laborales y limitaciones para atender al público.
El comisario de Familia, John James Marín Patiño, advirtió que el criterio para definir la reubicación no puede reducirse a disponer escritorios en un inmueble parcialmente ejecutado. Si la edificación no tiene capacidad suficiente para recibir a toda la planta de personal, señaló, aumentar puestos de trabajo, funciones y circulación de usuarios puede elevar los riesgos físicos y psicosociales en vez de resolverlos.
Una sede útil exige más que disponibilidad de espacio
La advertencia pone el foco en una diferencia decisiva: un edificio puede estar disponible y, aun así, no ser adecuado para prestar servicios públicos sensibles. Antes de autorizar la ocupación del Centro Cultural, la administración municipal tendría que establecer si cuenta con áreas suficientes, ventilación, iluminación, rutas de circulación, salidas de evacuación y condiciones de accesibilidad. También debe determinar si la obra en ejecución permite una operación segura sin interferencias por trabajos pendientes, materiales, ruido o restricciones de acceso.
Para Marín Patiño, la evaluación debe incluir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La Ley 2126 de 2021, que regula el funcionamiento de las comisarías de familia, dispone en su artículo 28 que los municipios deben implementar mecanismos para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que afecten a quienes trabajan en estos servicios. Esa obligación convierte la planeación de una mudanza en un asunto técnico y administrativo, no exclusivamente logístico.
La pregunta de fondo, por tanto, no es cuántas dependencias caben dentro del Centro Cultural, sino bajo qué condiciones pueden operar simultáneamente. Concentrar funcionarios, archivos, equipos y visitantes en áreas diseñadas para otro uso, o todavía en proceso de adecuación, puede producir cuellos de botella, dificultar una evacuación y deteriorar la calidad de la atención. La improvisación espacial suele tener efectos acumulativos: aumenta la tensión del personal, retrasa los trámites y vuelve más frágil la respuesta institucional ante una emergencia.
La privacidad es parte del servicio, no un detalle de infraestructura
En el caso de la Comisaría de Familia, las condiciones de la sede tienen una relevancia adicional. Allí se reciben situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, conflictos de cuidado, vulneración de derechos y casos en los que pueden estar involucrados niños, niñas y adolescentes. La reserva de la información y la posibilidad de hablar sin ser escuchado por terceros no son privilegios administrativos; son garantías necesarias para que las víctimas puedan relatar lo ocurrido y para que los procedimientos se desarrollen con debido proceso.
El artículo 29 de la misma ley exige instalaciones que protejan la intimidad de las víctimas, aseguren condiciones dignas de trabajo, accesibilidad y medios suficientes para prestar el servicio de manera adecuada. Una atención realizada en espacios abiertos, con divisiones insuficientes o ruido constante puede inhibir denuncias, exponer datos personales y afectar la confianza de quienes acuden en busca de protección. Cuando una persona debe contar un episodio de agresión delante de extraños, la infraestructura deja de ser neutral y se convierte en una barrera de acceso a la justicia familiar.
La reubicación debe preservar la continuidad institucional
La solicitud de la Comisaría no plantea frenar indefinidamente el traslado, sino acompañarlo con prevención y criterios técnicos. En esa ruta, la Alcaldía tendría que definir aforos reales, delimitar zonas de atención confidencial, verificar servicios sanitarios, conectividad, archivo seguro y señalización, además de establecer protocolos de evacuación y manejo de flujos de público. Si el Centro Cultural se encuentra parcialmente en ejecución, también será necesario separar de manera efectiva las áreas administrativas de los frentes de obra y evaluar si las condiciones cambian durante el desarrollo de los trabajos.
La continuidad del servicio debe ser el indicador central de esa decisión. Una mudanza mal coordinada puede afectar expedientes, citas, comunicaciones interinstitucionales y medidas urgentes de protección. En una comisaría, un retraso no representa solamente una incomodidad para el usuario: puede afectar la oportunidad con la que se escucha a una víctima, se activa una ruta de atención o se coordina una respuesta con otras autoridades.
Una decisión administrativa con impacto en la confianza pública
Actualmente, la Comisaría de Familia de Chinchiná opera en las instalaciones del punto web digital del barrio Verlon, de lunes a jueves entre las 7:30 de la mañana y las 12:00 del mediodía, y de 1:30 a 5:30 de la tarde; los viernes atiende hasta las 5:00 de la tarde. Esa operación demuestra que la discusión no se limita a un cambio de dirección: involucra la preservación de un servicio que atiende conflictos de alta sensibilidad social.
La reubicación puede convertirse en una oportunidad para mejorar la atención pública si se basa en diagnósticos de riesgo, capacidad y confidencialidad. Pero si se ejecuta solo para liberar un espacio o resolver una urgencia de corto plazo, podría trasladar a funcionarios y ciudadanos a una sede menos apta. La advertencia de la Comisaría plantea una exigencia concreta para Chinchiná: toda solución física debe fortalecer la protección de las personas, no crear nuevas condiciones de vulnerabilidad.
