La emergencia sísmica en Cali abrió un frente adicional a la evaluación de daños físicos: la incertidumbre de cientos de hogares que viven en arriendo y necesitan definir si pueden permanecer en inmuebles afectados, exigir reparaciones o terminar sus contratos sin asumir sanciones. La Alcaldía de Cali informó que, por medio de la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, ha brindado orientación jurídica gratuita a más de 150 ciudadanos que reportaron conflictos derivados de las afectaciones causadas por el terremoto.
Una intervención para evitar que el daño se convierta en conflicto contractual
La estrategia se concentra en la mediación entre arrendatarios, propietarios e inmobiliarias, un punto sensible en una situación de emergencia porque los daños materiales pueden alterar de manera inmediata las condiciones pactadas en el contrato. La administración distrital está realizando visitas en los sectores con mayor impacto del sismo y mantiene atención en la Casa de Justicia Centro, con el propósito de examinar cada caso, orientar sobre los derechos aplicables y facilitar acuerdos entre las partes.
Según explicó Lina Marcela Valencia, representante de la Secretaría de Seguridad y Justicia, la entidad ha recibido más de 150 quejas y ha intervenido mediante asesoría, llamadas a propietarios y contactos con inmobiliarias. El objetivo, señaló, es llegar a una “justa finalización de contrato” cuando las condiciones del inmueble lo ameriten. La actuación pública no reemplaza los mecanismos judiciales si el desacuerdo persiste, pero puede reducir la necesidad de que familias afectadas enfrenten procesos largos mientras resuelven una necesidad urgente de vivienda.
La habitabilidad define las alternativas de los inquilinos
El principal motivo de consulta es la terminación anticipada del contrato cuando una vivienda queda inhabitable. Valencia indicó que las personas cuyos inmuebles presenten daños graves o afectaciones considerables en mampostería pueden solicitar la finalización del arrendamiento por justa causa. Este criterio busca impedir que un inquilino siga obligado a ocupar o pagar por un espacio que ya no ofrece condiciones mínimas de seguridad o uso adecuado.
La diferencia entre un daño grave y una afectación menor resulta determinante. En un contexto posterior a un sismo, grietas visibles o deterioros superficiales pueden generar preocupación legítima, pero no todos constituyen por sí mismos una prueba de inhabitabilidad. Por ello, la orientación institucional adquiere relevancia: permite encauzar las reclamaciones con soportes, evita decisiones precipitadas y ayuda a separar los casos que requieren desocupación o reparación urgente de aquellos en los que puede pactarse una solución temporal.
La Secretaría mantiene labores de inspección, vigilancia y control sobre los contratos de arrendamiento. Esta intervención responde a un riesgo concreto: que la asimetría de información entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos derive en cobros improcedentes, retención de garantías o exigencias de permanencia en inmuebles que requieren intervención. Al mismo tiempo, la mediación permite que los dueños de los predios expongan las condiciones de reparación y dispongan de una vía ordenada para recuperar o adecuar sus propiedades.
Descuento del 30 % para daños leves, sujeto a los gastos acreditados
Para inmuebles con daños pequeños o fisuras no estructurales, la Alcaldía está orientando acuerdos económicos distintos a la terminación del contrato. La alternativa planteada consiste en un descuento del 30 % sobre el valor del canon de arrendamiento hasta cubrir los gastos en que haya incurrido el inquilino por las afectaciones. La medida busca reconocer que, aunque la vivienda siga siendo utilizable, el arrendatario puede haber asumido costos derivados de la contingencia.
Este tipo de arreglo requiere precisión documental. El descuento no debería entenderse como una regla automática para cualquier daño reportado, sino como una salida que debe sustentarse en la magnitud de la afectación, los gastos demostrables y el acuerdo entre las partes. Fotografías fechadas, comunicaciones escritas, facturas, cotizaciones y copias del contrato pueden ser claves para evitar interpretaciones divergentes sobre el alcance de los daños y la duración del beneficio económico.
La fórmula también refleja una necesidad de proporcionalidad. Si el daño es menor y reparable, la continuidad del contrato puede ser una opción razonable siempre que el inmueble conserve condiciones de seguridad y que los costos no recaigan de manera desbalanceada sobre quien habita el predio. Si la afectación compromete la estructura o impide una vida segura, el descuento deja de ser suficiente y debe abrirse paso a soluciones de mayor alcance, incluida la terminación contractual por justa causa.
Documentos y canales para solicitar acompañamiento
Las personas afectadas pueden acudir al Centro de Administración Local Integrada, CALI, más cercano. Para facilitar la revisión del caso, la administración recomienda llevar fotografías del inmueble, peticiones realizadas por escrito y copia del contrato de arrendamiento. Estos elementos permiten reconstruir la relación contractual, identificar las obligaciones de cada parte y verificar si ya hubo solicitudes de reparación, respuestas del propietario o comunicaciones con la inmobiliaria.
También están disponibles la sección de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, PQRS, en el portal oficial de la Alcaldía de Cali y el correo electrónico [email protected]. La variedad de canales es relevante para una ciudad en la que no todos los afectados pueden desplazarse de inmediato, especialmente si sus viviendas fueron evacuadas, requieren inspección o se encuentran en zonas con mayores impactos tras el movimiento telúrico.
La rapidez del acuerdo puede reducir la vulnerabilidad tras la emergencia
La atención a los arriendos no es un asunto secundario dentro de la respuesta al terremoto. La pérdida temporal de habitabilidad puede traducirse en gastos de alojamiento, mudanzas, transporte y almacenamiento, además de tensiones por el pago de cánones y depósitos. Una intervención temprana ayuda a que la emergencia física no se prolongue como una crisis económica y jurídica para las familias, particularmente para quienes dependen de ingresos mensuales limitados.
La efectividad de la estrategia dependerá de que los acuerdos se formalicen con claridad, de que los daños sean evaluados con criterios técnicos cuando existan dudas sobre la seguridad y de que propietarios e inquilinos actúen con buena fe. La Alcaldía mantiene sus puntos de atención activos para acompañar las controversias y procurar decisiones equitativas. En una coyuntura de recuperación, la prioridad no es solo resolver un contrato: es asegurar que las personas afectadas puedan restablecer su vivienda sin renunciar a las garantías que les corresponden.
