El Gobierno de Venezuela aseguró que conservará “el control y la propiedad” de sus reservas de petróleo pese al acuerdo alcanzado con Estados Unidos para desarrollar 17 campos petroleros, una operación que Washington presenta como una de las mayores de la historia del sector. Caracas intenta así marcar una diferencia entre la titularidad de los recursos, que considera intacta, y los derechos de explotación concedidos a empresas estadounidenses durante los próximos 25 años.
“El control y la propiedad de los recursos en el subsuelo indiscutiblemente siguen siendo de Venezuela”, afirmó la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, en una entrevista con el canal privado Venevisión. La funcionaria definió el convenio como un acuerdo comercial destinado a atraer inversión y tecnología, y no como una cesión de soberanía. Según su interpretación, el beneficio ofrecido por Venezuela a Estados Unidos consiste en garantizar un suministro energético confiable.
Una disputa de términos que encubre un cambio de poder
La explicación venezolana contrasta con la descripción formulada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El pasado 28 de agosto, Trump afirmó que el pacto garantiza a Estados Unidos el “control mayoritario” sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas, y dos días después lo calificó como “un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”. La diferencia entre ambas versiones no es meramente semántica: refleja una disputa sobre quién tomará las decisiones operativas, financieras y estratégicas en los yacimientos.
De acuerdo con el Gobierno venezolano, el convenio abarca reservas por unos 65.000 millones de barriles y establece como meta superar una producción de 1,5 millones de barriles diarios. Los campos fueron asignados a North American Blue Energy Partners, conocida como Nabep, una empresa dirigida por el empresario Alejandro Betancourt. La compañía ha concedido al Pentágono una participación accionaria del 35%, un elemento que añade una dimensión geopolítica y de seguridad al acuerdo petrolero.
La Asamblea Nacional deberá dar cobertura política al pacto
Henao anunció que el acuerdo binacional será presentado ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aunque no precisó la fecha. El trámite será relevante para dotar de respaldo institucional a una operación que puede modificar la estructura de participación extranjera en el sector energético venezolano. La aprobación parlamentaria también permitirá al Ejecutivo responder a las críticas internas sobre una eventual pérdida de control sobre el principal activo económico del país.
La ministra rechazó que Venezuela vaya a abandonar sus compromisos con China y Rusia. Explicó que las empresas mixtas en las que participan compañías de ambos países cuentan con autorizaciones vigentes para realizar actividades primarias y, por tanto, continuarán operando. “Somos muy respetuosos de esos acuerdos”, sostuvo.
La posición de Caracas busca evitar que el nuevo entendimiento con Washington sea interpretado como una sustitución automática de sus socios tradicionales. Sin embargo, la continuidad formal de esas empresas no elimina las dudas sobre el alcance real del pacto estadounidense, especialmente si algunos de los 17 campos incluidos estaban previamente vinculados a compañías chinas o rusas.
China exige garantías para sus inversiones
La preocupación de Pekín apareció públicamente después de que varios medios informaran de que el acuerdo podía afectar campos en los que operaban empresas estatales chinas como Sinopec y CNPC. “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun. El funcionario añadió que la cooperación entre ambos países está protegida por el derecho internacional y por las leyes de Venezuela y China.
La Casa Blanca, por su parte, afirmó que la mayoría de los yacimientos contemplados habían estado bajo control u operación de empresas rusas y chinas, o de personas vinculadas a los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Washington acusó a esos actores extranjeros de haber extraído recursos en beneficio de Cuba, Rusia y China sin invertir suficientemente en la infraestructura ni en el desarrollo venezolano. Esas afirmaciones elevan el acuerdo por encima de una simple operación comercial y lo convierten en un instrumento para reordenar alianzas en el mercado energético del país.
El desafío: producir más sin perder capacidad de decisión
Venezuela produce actualmente, según Henao, un promedio de 1.236.000 barriles diarios y espera alcanzar 1,4 millones al cierre de 2026. La meta anunciada para los nuevos campos superaría ampliamente ese nivel, aunque requeriría inversiones sostenidas, tecnología especializada y una recuperación significativa de la infraestructura petrolera. En 1998, un año antes de la llegada del chavismo al poder, la producción alcanzaba 3,1 millones de barriles diarios.
La distancia entre ambas cifras ilustra la magnitud del deterioro acumulado y, al mismo tiempo, la oportunidad que Caracas intenta aprovechar. Un aumento de la producción permitiría elevar los ingresos públicos y recuperar capacidad exportadora, pero también incrementaría la dependencia de capital extranjero si el Estado no conserva mecanismos efectivos de supervisión, fiscalización y participación en las decisiones.
El historial de Betancourt, investigado en España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal, constituye otro factor de escrutinio. Las investigaciones mencionadas no equivalen a una condena, pero pueden alimentar las preguntas sobre transparencia, selección de socios y controles anticorrupción en un acuerdo que compromete una porción considerable de las reservas venezolanas.
La disputa actual se definirá menos por las declaraciones sobre soberanía que por los contratos, las estructuras accionarias, el régimen fiscal y la capacidad de Venezuela para auditar la producción y los ingresos. Si el pacto logra reactivar campos sin desplazar ilegalmente los acuerdos existentes, Caracas podría presentarlo como una apertura pragmática. Si, en cambio, la participación estadounidense se traduce en control operativo predominante y en el desplazamiento de China o Rusia, el convenio marcará un giro estratégico de mayor alcance para la economía y la política exterior venezolana.
