Australia prepara una reforma que apunta al mecanismo central de las grandes plataformas digitales: los algoritmos que deciden qué aparece en la pantalla. El proyecto, denominado Digital Duty of Care, obligaría a redes sociales y otros servicios digitales a ofrecer una alternativa para desactivar las recomendaciones automáticas, con especial foco en la protección de niños y adolescentes frente a contenidos perjudiciales.
La propuesta no plantea prohibir las redes sociales ni retirar por completo sus sistemas de recomendación. Su objetivo inmediato es más concreto: que los usuarios puedan elegir entre un feed organizado por el algoritmo de la plataforma y otro compuesto exclusivamente por publicaciones de las cuentas que siguen. Bajo el lema “My feed, my way” —“Mi feed, a mi manera”—, el gobierno australiano intenta trasladar parte del control editorial desde las empresas tecnológicas hacia los usuarios.
Una opción de salida frente al flujo automatizado
El cambio previsto tendría una aplicación práctica visible: los usuarios mayores de 16 años recibirían mensajes emergentes periódicos para decidir si desean mantener las recomendaciones automáticas o pasar a una cronología basada en sus propios contactos y suscripciones. La medida busca evitar que el diseño por defecto convierta al algoritmo en la única puerta de acceso al contenido.
La diferencia no es menor. Las plataformas no solo muestran publicaciones de amigos, medios o creadores elegidos por cada persona; también incorporan material seleccionado para aumentar la atención y el tiempo de permanencia. Ese sistema puede ampliar el descubrimiento de contenidos útiles, pero también puede llevar a menores hacia comunidades, mensajes o imágenes que no buscaron deliberadamente. La propuesta australiana parte de que esa exposición no debe ser una consecuencia inevitable de usar un servicio digital.
Las obligaciones estarían dirigidas principalmente a los servicios usados por personas menores de 18 años. Sin embargo, el alcance previsto va más allá de las redes sociales convencionales: incluiría juegos en línea, aplicaciones y chatbots basados en inteligencia artificial. La ampliación reconoce que la circulación de contenido dañino ya no depende únicamente de una publicación viral, sino también de conversaciones automatizadas, sistemas de búsqueda internos y recomendaciones integradas en espacios de entretenimiento.
El deber de cuidado llega al modelo de negocio digital
La legislación exigiría a las compañías identificar los riesgos presentes en sus servicios y reducir la distribución de contenido nocivo. Entre las categorías señaladas figuran la pornografía, las publicaciones que promuevan trastornos alimentarios, la misoginia, la glorificación de delitos o conductas peligrosas, así como materiales vinculados a daños graves para la salud mental, el abuso y el acoso escolar.
La formulación importa porque desplaza el debate desde la eliminación de piezas individuales hacia el funcionamiento del sistema que las distribuye. Una plataforma puede retirar una publicación denunciada y, al mismo tiempo, continuar recomendando miles de contenidos similares a usuarios vulnerables. El proyecto pretende evaluar esa segunda dimensión: no solo qué alojan las empresas, sino a quién se lo muestran, con qué frecuencia y mediante qué mecanismos de amplificación.
Para vigilar el cumplimiento, la comisionada de eSafety y especialistas independientes registrados podrían utilizar perfiles encubiertos. La finalidad sería observar directamente qué contenidos reciben niños y adolescentes en las plataformas. Esta herramienta responde a una dificultad habitual de la regulación digital: las compañías conocen con detalle sus datos internos, mientras que las autoridades suelen depender de informes externos, denuncias de usuarios o información parcial para medir los riesgos reales.
Multas elevadas y una disputa sobre el alcance estatal
Las empresas que incumplan las nuevas obligaciones podrían afrontar multas superiores a 100 millones de dólares. La cifra coloca a corporaciones como Meta o TikTok ante un riesgo financiero relevante y busca evitar que la seguridad infantil sea tratada como una recomendación voluntaria o como un ajuste secundario del producto. Para que una norma cambie conductas empresariales, el costo de ignorarla debe competir con los ingresos que generan los modelos de atención.
El primer ministro Anthony Albanese ha defendido la iniciativa con un argumento político sencillo: “no se trata de dar control al gobierno, sino de dar el control a la gente”. Esa afirmación resume la estrategia del Ejecutivo. En lugar de imponer una censura previa general sobre lo que puede circular en internet, propone que el usuario tenga una vía clara para rechazar la selección automática de contenidos. Aun así, la regulación exigirá definir qué constituye un riesgo, cómo se verifica una edad y hasta dónde puede llegar la supervisión pública sin afectar derechos de privacidad o expresión.
El texto, que según ABC News podría presentarse esta semana o antes de Navidad, ya genera reservas en el Parlamento australiano. Existe coincidencia transversal sobre la necesidad de proteger a los menores, pero no necesariamente sobre las prioridades legislativas ni sobre el alcance de la intervención. Algunos sectores han planteado que asuntos como la migración o la inflación requieren atención preferente. La discusión revela que la seguridad digital ha dejado de ser un tema técnico: compite con las principales preocupaciones de la agenda nacional.
Una señal para la regulación internacional
Australia ya ha ocupado un lugar activo en el debate global sobre la protección de menores en internet, y Albanese prevé exponer estas medidas en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Si la ley avanza, su principal novedad no será simplemente ofrecer un botón para apagar recomendaciones. Será establecer que la arquitectura de una plataforma —sus opciones predeterminadas, sus incentivos y sus rutas de descubrimiento— también debe responder a un deber de cuidado.
La eficacia de la reforma dependerá de detalles aún decisivos: que la alternativa cronológica sea fácil de encontrar, que no esté diseñada para desalentar su uso y que las empresas no sustituyan una recomendación invasiva por otras formas opacas de segmentación. Pero la iniciativa abre una discusión de mayor alcance: si los menores no eligen conscientemente gran parte de lo que consumen, la responsabilidad por ese entorno no puede recaer solo en las familias. También debe alcanzar a quienes diseñan y monetizan la atención digital.
