La controversia por un documento interno del Ministerio del Interior que reúne fichas de periodistas de radio y televisión ha sumado una nueva reacción institucional. La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (Federación ARTVE) ha expresado su rechazo al dosier, al considerar que la elaboración de valoraciones sobre el supuesto posicionamiento político de profesionales de la información “vulnera cualquier principio democrático”. La entidad se incorpora así a las críticas ya formuladas por otras organizaciones representativas del sector periodístico.
El documento fue revelado por el periodista Alejandro Requeijo en El Confidencial y habría sido elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. Bajo el título “Tertulianos. Radio y Televisión”, contiene fotografías y anotaciones relativas a distintos comunicadores, con referencias a su cobertura informativa o a su orientación ideológica. Entre las expresiones difundidas figuran calificaciones como “apoya al Gobierno”, “alineado con posiciones de derechas” o “reconocido anti-sanchista”.
Interior reconoce el documento, pero niega un uso discriminatorio
El Ministerio del Interior ha confirmado la existencia del archivo, aunque rechaza que pueda definirse como una “lista negra” de periodistas. Fuentes del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska lo han descrito como un documento “informativo” y de carácter interno, elaborado en 2024 como herramienta de trabajo de su estructura de comunicación. Según la versión ministerial, su finalidad no era señalar, censurar ni condicionar la actividad de los profesionales incluidos.
El Gobierno ha sostenido, además, que la Oficina de Comunicación de Interior atiende a medios y periodistas sin realizar distinciones por su línea editorial o por las opiniones atribuidas a sus colaboradores. Esa explicación sitúa el debate en torno al alcance y la utilidad de este tipo de documentos dentro de la Administración: los responsables del departamento defienden una función de contextualización mediática, mientras que las asociaciones profesionales cuestionan que la clasificación ideológica sea compatible con la neutralidad exigible a un organismo público.
La diferencia no es solo terminológica. Una agenda de contactos o un seguimiento de intervenciones públicas puede formar parte de las tareas habituales de comunicación institucional. Sin embargo, la incorporación de etiquetas políticas a fichas nominales altera la percepción de esa práctica, porque puede proyectar una evaluación estatal sobre periodistas concretos. Las organizaciones críticas temen que esa información pueda influir, incluso de forma indirecta, en el trato institucional, el acceso a fuentes o la relación cotidiana entre medios y Administración.
ARTVE invoca la protección constitucional de la libertad de expresión
En el comunicado firmado por su presidente, Juan Ignacio Ocaña, la Federación ARTVE manifiesta su “indignación” ante lo que describe como una relación de periodistas “investigados, calificados y señalados”. La entidad vincula su postura con la defensa de la libertad de expresión recogida en el artículo 20 de la Constitución española, precepto que protege, entre otros derechos, la libertad de comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión.
Ocaña advierte de que la federación no tolerará “presiones o amenazas veladas” contra los profesionales de la información en función de su posicionamiento o de la línea editorial de sus medios. La declaración no atribuye públicamente medidas concretas de represalia a Interior, pero plantea una objeción de principio: la identificación política de periodistas desde una institución del Estado puede generar un efecto disuasorio, aunque no exista una orden explícita de limitar su trabajo.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ya había expresado su “más enérgica condena” tras conocerse el contenido del dosier. Para la FAPE, clasificar ideológicamente a profesionales desde un organismo estatal supone un ataque a la libertad de prensa. A ese rechazo se han unido también la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios, ampliando el consenso crítico entre entidades vinculadas a la defensa del oficio y a la cobertura de la actividad política.
Un debate sobre transparencia, neutralidad y relación con la prensa
La polémica llega en un contexto en el que la relación entre gobiernos, gabinetes de comunicación y medios está sometida a un escrutinio creciente. Las instituciones públicas necesitan conocer el ecosistema informativo para responder a peticiones de prensa, organizar entrevistas o preparar comparecencias. No obstante, ese conocimiento adquiere una dimensión sensible cuando se personaliza y se formula mediante categorías partidistas, especialmente si afecta a comunicadores cuya función es fiscalizar al poder.
Las críticas de las asociaciones se centran, por tanto, menos en la existencia de información sobre programas o tertulias que en el criterio aplicado para retratar a quienes participan en ellas. La neutralidad administrativa exige que la comunicación pública no premie ni penalice la mirada editorial de cada medio. Desde esa perspectiva, la controversia puede tener consecuencias que trascienden el documento concreto, al reabrir la discusión sobre los protocolos internos que deben regir la relación de los ministerios con la prensa.
Hasta ahora, Interior mantiene que el archivo no tuvo una finalidad censora y que no afectó a su atención a los medios. Las organizaciones periodísticas, por su parte, reclaman que se eviten prácticas que puedan interpretarse como vigilancia o señalamiento ideológico. La evolución del caso dependerá de si se conocen más detalles sobre la elaboración, circulación y uso efectivo de las fichas, así como de las aclaraciones que el Ministerio pueda ofrecer para despejar las dudas planteadas por el sector.
