Francia, Reino Unido, Canadá y otros nueve países europeos anunciaron su intención de prohibir o restringir la importación de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales en Cisjordania. La iniciativa, comunicada este martes en una declaración conjunta, representa uno de los movimientos coordinados más visibles de varios gobiernos occidentales para responder a la expansión de las colonias y al aumento de la violencia contra comunidades palestinas en el territorio ocupado.
Además de Francia, Reino Unido y Canadá, el bloque incluye a Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia. Los gobiernos sostienen que la “rápida degradación” de la situación sobre el terreno exige medidas destinadas a impedir un deterioro mayor. Aunque el alcance jurídico y el calendario de cada prohibición dependerán de las decisiones nacionales o de eventuales acuerdos europeos, el anuncio fija una señal política: el comercio con los asentamientos pasa a ser tratado como un instrumento de presión diplomática.
La medida se dirige específicamente a productos originados en colonias de Cisjordania y no implica, según los términos divulgados, una prohibición general al comercio con Israel. Esa distinción es central para los países firmantes: buscan cuestionar la actividad económica vinculada a territorios ocupados desde 1967, sin transformar formalmente la decisión en un embargo bilateral. Sin embargo, la separación entre bienes producidos dentro de Israel y aquellos elaborados en asentamientos ha sido durante años un asunto complejo para aduanas, empresas importadoras y cadenas de distribución.
Una respuesta al bloqueo político europeo
La Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, pero hasta ahora no ha aprobado una prohibición común de importaciones procedentes de los asentamientos. La falta de consenso comunitario ha impulsado a algunos Estados a avanzar por su cuenta. Irlanda y España ya habían adoptado medidas relacionadas con el comercio de las colonias israelíes, mientras Francia decidió reforzar ahora su posición a escala nacional.
El canciller francés, Jean-Noël Barrot, afirmó que París pondrá fin al comercio con las colonias israelíes porque Cisjordania se encuentra “al borde de la explosión”. Desde Londres, el ministro británico Ed Miliband acusó al gobierno israelí de hacer la vista gorda ante lo que describió como una “limpieza étnica” perpetrada por colonos. Sus palabras reflejan un endurecimiento del lenguaje diplomático europeo, aunque también anticipan una fuerte controversia con Israel, que suele rechazar las calificaciones internacionales sobre su política de asentamientos.
El deterioro en Cisjordania cambia el cálculo diplomático
La decisión llega en un contexto de violencia sostenida desde el 7 de octubre de 2023. Mientras la guerra en Gaza concentra la atención internacional, Cisjordania ha registrado ataques casi diarios de colonos israelíes, desplazamientos de residentes palestinos y frecuentes operaciones militares israelíes en ciudades y campamentos palestinos. Para los doce países, esta combinación de hechos no es un fenómeno paralelo al conflicto de Gaza, sino un factor que puede consolidar una nueva realidad territorial y dificultar cualquier salida negociada.
En Cisjordania viven cerca de tres millones de palestinos y más de 500.000 israelíes en asentamientos, sin contar Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel. Según el derecho internacional, las colonias israelíes en el territorio son ilegales. Israel cuestiona esa interpretación y argumenta vínculos históricos, políticos y de seguridad con la zona. Esa divergencia jurídica sigue siendo la base del conflicto diplomático: mientras numerosos gobiernos consideran que los asentamientos vulneran la Cuarta Convención de Ginebra, las autoridades israelíes rechazan que el territorio tenga el estatus de ocupación definido por sus críticos.
El comercio como herramienta de disuasión limitada
El efecto económico inmediato de las prohibiciones podría ser relativamente acotado, dado que los bienes de los asentamientos representan una fracción del intercambio total entre Israel y Europa. No obstante, su peso político puede ser mayor que su valor comercial. Las restricciones aumentan el riesgo reputacional y financiero para compañías que operan, exportan o invierten en esas áreas, y obligan a revisar los mecanismos de trazabilidad de productos agrícolas, industriales y manufacturados.
También pueden abrir una discusión más amplia sobre contratos públicos, inversiones institucionales y relaciones bancarias vinculadas a empresas activas en los asentamientos. Si otros países se suman o si la Unión Europea adopta una posición coordinada, la presión podría extenderse más allá de las importaciones. Por el contrario, una aplicación desigual entre Estados europeos permitiría a exportadores y distribuidores redirigir operaciones hacia mercados menos restrictivos, reduciendo la eficacia práctica de las sanciones.
La solución de dos Estados, en el centro del mensaje
Los doce gobiernos vincularon expresamente su iniciativa con la preservación de una solución de dos Estados, basada en la convivencia de un Estado israelí y otro palestino. Su razonamiento es que la expansión territorial de los asentamientos fragmenta Cisjordania, limita la continuidad geográfica de un eventual Estado palestino y vuelve más difícil negociar fronteras viables. La política comercial pretende, por tanto, trasladar ese diagnóstico diplomático a una consecuencia económica concreta.
La iniciativa no resolverá por sí sola la escalada de violencia ni sustituirá una negociación política entre israelíes y palestinos. Pero revela que varios aliados occidentales están dispuestos a pasar de las condenas declarativas a medidas con impacto regulatorio. Su eficacia dependerá de la coordinación entre gobiernos, de la capacidad de identificar el origen real de los productos y de si el anuncio se convierte en una política europea más amplia o queda como una suma de decisiones nacionales.
