La administración de Donald Trump prepara una modificación regulatoria que permitiría a determinados matrimonios recibir subsidios federales cuando uno de los cónyuges permanezca en el hogar para cuidar a sus hijos. La medida, aún en borrador y pendiente de la aprobación de la Casa Blanca, introduciría una excepción relevante en un programa diseñado históricamente para facilitar que padres de ingresos bajos y moderados puedan trabajar, estudiar o recibir capacitación mientras acceden a servicios de cuidado infantil.
Según informó The New York Times, que tuvo acceso a una versión preliminar de la propuesta, la nueva categoría se denominaría “cuidado infantil basado en los padres”. El esquema habilitaría pagos para que un integrante de una pareja casada cuide directamente a sus propios hijos, siempre que el otro cónyuge trabaje al menos 35 horas semanales y que el hogar cumpla los límites de ingresos vigentes en su estado. De concretarse, el cambio podría entrar en vigor en 2027.
Un cambio de propósito dentro de un fondo ya existente
La iniciativa no prevé crear un programa nuevo ni solicitar una asignación adicional al Congreso. Utilizaría recursos del Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil, administrado por la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Ese detalle resulta central: la discusión no gira solamente en torno a quién podrá ser beneficiario, sino también sobre cómo se repartirá un presupuesto que ya tiene una demanda elevada.
El fondo dispone de unos USD 12.000 millones y fue creado en la década de 1990 para aliviar el costo de guarderías, centros de atención y otras modalidades autorizadas de cuidado. Actualmente ayuda a cerca de 1,3 millones de niños de hasta 13 años. El subsidio promedio ronda los USD 9.000 por hijo al año, aunque esa cifra no constituye un pago uniforme ni una garantía para cada hogar: los montos dependen de las reglas estatales, los ingresos familiares, la edad de los niños y los costos locales de cuidado.
Hasta ahora, la lógica del programa ha sido vincular la ayuda pública con la participación de los adultos en el mercado laboral o en actividades que mejoren sus posibilidades de empleo. La propuesta de Trump y del vicepresidente JD Vance desplaza parcialmente ese criterio. En lugar de financiar exclusivamente la contratación de un proveedor externo, admitiría que el cuidado prestado dentro del hogar sea una actividad subsidiable en ciertos matrimonios.
Quiénes podrían acceder y quiénes quedarían fuera
La elegibilidad seguiría sujeta a los topes económicos del programa. A nivel federal, las familias deben tener ingresos inferiores al 85% del ingreso medio de su estado, aunque varios gobiernos estatales aplican límites más restrictivos, cercanos al 60%. La norma en estudio mantendría esa evaluación de recursos, pero permitiría que el cuidado directo de los hijos sustituya, para uno de los cónyuges, la exigencia de trabajar, estudiar o capacitarse.
El requisito matrimonial establece una frontera particularmente significativa. Las parejas no casadas con un progenitor que se queda en casa no serían elegibles bajo el borrador conocido. Tampoco lo serían los padres o madres solteros que no trabajan, una exclusión que reproduce la estructura de la normativa actual. Por lo tanto, la expansión no alcanzaría a todas las familias que resuelven el cuidado infantil dentro del hogar, sino a un grupo específico definido tanto por su nivel de ingresos como por su estado civil.
La elección de ese criterio responde a una visión política que Vance ha defendido en los últimos años: ampliar las opciones para hogares que prefieren que un padre, una madre o un familiar se encargue personalmente de los niños. Pero también abre una discusión sobre neutralidad familiar. Si el objetivo declarado es compensar parcialmente el salario que se deja de percibir al permanecer en casa, resulta relevante determinar por qué esa compensación quedaría limitada a los matrimonios y no alcanzaría a familias monoparentales o convivientes con necesidades económicas comparables.
La tensión entre nuevas ayudas y una bolsa de recursos limitada
El impacto más inmediato de la medida dependerá de cuántos hogares ingresen al programa y de cómo cada estado implemente la nueva categoría. Los estados reciben la mayor parte de los recursos federales y luego los canalizan mediante vales o pagos a proveedores. En la práctica, esos fondos sostienen una red de centros de cuidado cuya capacidad ya es insuficiente en numerosas comunidades, especialmente donde la oferta formal es escasa o los costos superan el presupuesto de los hogares.
Cerca del 80% de las 870.000 familias que actualmente reciben estos subsidios tienen un padre o madre soltero que trabaja; la mayoría son madres, de acuerdo con datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos citados por The New York Times. Especialistas consultados por el diario advirtieron que incorporar beneficiarios sin ampliar el presupuesto podría reducir la ayuda disponible para quienes dependen de guarderías para conservar sus empleos. En ese escenario, una política concebida para reconocer el trabajo doméstico podría, indirectamente, endurecer el acceso de padres trabajadores al sistema existente.
También hay una dimensión económica para los proveedores. Guarderías y centros infantiles no solo reciben pagos de familias particulares; muchos dependen de subsidios públicos para mantener matrículas, salarios y operaciones. Si una parte mayor de los recursos se dirige a pagos para cuidado en el hogar, algunos establecimientos podrían perder ingresos previsibles. El efecto no sería idéntico en todos los estados, pero podría ser más visible en zonas donde los proveedores ya operan con márgenes reducidos.
Dudas jurídicas y controles sobre los pagos directos
El borrador enfrenta además interrogantes dentro del propio Departamento de Salud y Servicios Humanos. Abogados de la agencia expresaron dudas sobre la legalidad de condicionar el beneficio al matrimonio, según el informe periodístico. La cuestión no es menor: una regla administrativa debe ajustarse a la legislación que creó el fondo y resistir posibles impugnaciones por trato desigual entre hogares de ingresos similares.
Las preocupaciones operativas se concentran en el riesgo de fraude y en la verificación del cuidado. El modelo tradicional permite que parte de los recursos se transfiera directamente a proveedores registrados, con mecanismos de facturación y supervisión relativamente definidos. Un pago destinado a un padre o madre cuidador requeriría comprobar tanto la situación laboral del otro cónyuge como el cumplimiento efectivo de las condiciones familiares. La administración deberá precisar si habrá pagos directos, reembolsos, certificaciones periódicas u otros controles para evitar que la nueva vía erosione la rendición de cuentas.
Antes de transformarse en una norma definitiva, la propuesta deberá atravesar la revisión de la Casa Blanca y un período de comentarios públicos. Ese proceso puede modificar sus requisitos, su alcance y la forma de distribuir los fondos. La decisión final mostrará si la administración logra combinar su respaldo al cuidado parental en el hogar con la protección de un sistema del que dependen, sobre todo, familias trabajadoras de bajos ingresos y una red de proveedores que ya enfrenta fuertes presiones financieras.
