Los resultados de PISA 2025 han situado la educación española ante una señal de alarma difícil de relativizar: el alumnado registra sus peores datos históricos en lectura, matemáticas y ciencias. La caída no se limita a una materia ni responde a una oscilación menor en las clasificaciones internacionales. España pierde 23 puntos en competencia lectora, 16 en matemáticas y 8 en ciencias respecto a la anterior medición, un retroceso que ha desencadenado una reacción política inmediata y ha reabierto la discusión sobre qué debe cambiar en las aulas.
La lectura concentra la principal preocupación. La pérdida de 23 puntos equivale a más de un curso escolar, tomando como referencia que 20 puntos en PISA se asocian aproximadamente a un año de aprendizaje. Detrás de ese dato hay una cuestión que trasciende la asignatura de Lengua: comprender un texto es la herramienta que permite interpretar problemas matemáticos, seguir instrucciones científicas y construir conocimientos en casi cualquier área. La ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, ha reconocido ese déficit como la base de buena parte de las dificultades detectadas.
Una trayectoria que pesa más que la posición puntual
El dato más relevante no es únicamente que España quede por debajo de los promedios de la OCDE y de la Unión Europea, sino la velocidad del deterioro. En 2022, el sistema español se mantenía próximo a esas medias; tres años después, la distancia se ha ampliado. PISA mide competencias aplicadas a situaciones reales y no solo la capacidad de memorizar contenidos, por lo que el descenso sugiere dificultades acumuladas para usar lo aprendido, razonar y comprender información compleja.
También resulta significativo que la caída alcance con especial intensidad a estudiantes de familias con rentas altas, tradicionalmente asociados a mejores resultados académicos. Esta circunstancia no elimina las desigualdades socioeconómicas, que siguen siendo decisivas en las trayectorias educativas, pero sí cuestiona una explicación exclusivamente centrada en la vulnerabilidad social. Cuando el rendimiento empeora también entre quienes suelen disponer de más recursos culturales y materiales, la mirada se desplaza hacia factores de alcance general: organización escolar, hábitos de lectura, estabilidad de los currículos, formación docente, evaluación y uso de la tecnología.
La oposición sitúa la ley educativa en el centro
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha definido los resultados como prueba de un “fallo sistémico” y ha atribuido una responsabilidad directa al Gobierno. Su propuesta pasa por reformar la LOMLOE si llega al poder, con el objetivo declarado de evitar que el aprendizaje esté basado en “ideología”, recuperar la cultura de la evaluación y reforzar la autoridad del profesorado. Además, plantea retirar las pantallas individuales de las aulas, al menos hasta secundaria, al considerar que perjudican la atención y la concentración.
La formulación del PP convierte un diagnóstico educativo en una impugnación del marco legislativo actual. Sin embargo, la relación entre una ley y los resultados de PISA exige cautela analítica. Las reformas educativas tienen efectos graduales y conviven con decisiones de las comunidades autónomas, condiciones de los centros, disponibilidad de profesorado y cambios sociales que no dependen de una sola norma. La discusión sobre la LOMLOE puede ser relevante, pero difícilmente explicará por sí sola un descenso simultáneo en ámbitos tan distintos como lectura, cálculo y ciencias.
Vox ha endurecido aún más el tono al acusar al Ejecutivo de buscar una ciudadanía “cada vez más ignorante”. Ese planteamiento resume la dimensión partidista que ha adquirido el informe, pero aporta escaso margen para un acuerdo sobre medidas verificables. El riesgo de reducir PISA a un instrumento de confrontación es que la polémica sustituya al análisis: si cada bloque identifica una única causa política, quedan en segundo plano las intervenciones concretas que podrían evaluarse en las aulas.
El Gobierno admite el problema y pide una respuesta compartida
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reconocido que los datos “no gustan” al Ejecutivo y ha asegurado que la Administración central trabaja con programas educativos y cooperación con las autonomías para revertir la tendencia. Desde el PSOE, Patxi López ha ido un paso más allá al calificar el informe de “preocupante” y admitir que “algo no estamos haciendo bien”. Sumar ha puesto el acento en la necesidad de elevar la inversión en educación pública.
Estas respuestas dibujan prioridades distintas, aunque no necesariamente incompatibles. La exigencia de más recursos puede ser decisiva en centros con mayor complejidad social, plantillas inestables o ratios elevadas. Pero el gasto, por sí mismo, no garantiza mejoras si no se vincula a objetivos precisos: programas de refuerzo lector temprano, evaluación diagnóstica útil para los docentes, tutorías suficientes, formación en didácticas eficaces y apoyo a quienes acumulan retrasos. Del mismo modo, recuperar evaluaciones no debe entenderse solo como multiplicar exámenes, sino como obtener información para intervenir antes de que las dificultades se consoliden.
El reto no es escoger entre innovación y exigencia
El debate sobre las pantallas ilustra una disyuntiva planteada con demasiada frecuencia en términos absolutos. La tecnología puede ampliar recursos y facilitar la personalización, pero su uso indiscriminado no equivale a innovación pedagógica. La evidencia disponible sobre atención y comprensión aconseja distinguir entre herramientas digitales con una función educativa definida y una exposición individual constante que fragmenta la concentración. La cuestión relevante no es si las aulas deben ser digitales o analógicas, sino cuándo, para qué y bajo qué supervisión se emplea cada recurso.
España afronta así un problema de sistema que no admite soluciones instantáneas ni diagnósticos cerrados. La caída de PISA obliga a combinar exigencia académica, apoyo temprano, prestigio profesional docente y políticas capaces de sostenerse más allá de una legislatura. Si la respuesta se limita a intercambiar culpas, el informe habrá servido para intensificar la disputa política. Si impulsa acuerdos sobre lectura, evaluación, equidad y condiciones de enseñanza, puede convertirse en el punto de partida para corregir una trayectoria que ya no permite esperar.
