La familia de Wilmaris Ramírez Sánchez se prepara para despedir a una adolescente de 14 años mientras reclama respuestas por un crimen que, según la acusación preliminar, habría sido cometido por un agente policial de 23 años con quien la menor mantenía una relación sentimental. Edwin de los Santos Guerrero, raso de la Policía Nacional, fue arrestado, se le ocupó el arma de fuego y quedó a disposición del Ministerio Público.
El caso es investigado como un feminicidio, aunque serán las autoridades judiciales las que deberán establecer las responsabilidades penales y las circunstancias exactas del hecho. La Policía informó que el levantamiento del cadáver se realizó con la presencia de las autoridades competentes y que las pesquisas continúan para reconstruir la secuencia de lo ocurrido.
Una celebración que quedó suspendida
En medio del velatorio, la madre de la adolescente, Rocío Sánchez, habló de un proyecto familiar que ahora se convirtió en uno de los recuerdos más dolorosos de la tragedia. La mujer dijo que llevaba años preparando los 15 años de su hija, una celebración que Wilmaris imaginaba desde que tenía 12.
“Le prometí que le iba a comprar un vestido lindo, grande y una corona, y le iba a hacer una fiesta grande”, relató entre lágrimas. La referencia al vestido y a la corona no solo expresa la pérdida de una fiesta, sino también la interrupción abrupta de una etapa que la familia esperaba acompañar: el paso simbólico de la niñez a la adolescencia.
Sánchez aseguró que desconocía la relación entre su hija y el agente. Según su versión, la adolescente solía salir ocasionalmente en patineta para distraerse y, aparentemente, el policía comenzó a cortejarla hasta convencerla de mantener un vínculo con él. La madre también indicó que tenía entendido que el agente trabajaba en el destacamento del sector Capotillo, en el Distrito Nacional.
Lo que la familia no sabía
El desconocimiento expresado por la madre introduce una de las principales interrogantes del caso: cómo pudo desarrollarse la relación sin que el entorno familiar tuviera información sobre ella y cuál fue el papel que desempeñó el adulto involucrado. La diferencia de edad entre ambos no es un dato menor. Wilmaris tenía 14 años y el agente, 23; además, él pertenecía a una institución armada y, de acuerdo con la familia, prestaba servicio en la zona donde residía la menor.
Esos elementos no permiten por sí solos determinar la responsabilidad jurídica, pero sí hacen necesario examinar con especial cuidado la existencia de posibles dinámicas de influencia, dependencia o abuso de poder. La investigación deberá establecer cuándo comenzó el vínculo, cómo se comunicaban, si hubo amenazas o episodios previos de violencia y qué ocurrió antes del disparo que terminó con la vida de la adolescente.
El tío de la menor, Julio Ramírez, afirmó que tampoco conocía la supuesta relación y cuestionó que el agente hubiera atentado contra la vida de Wilmaris. A su juicio, no existía motivo alguno que justificara la agresión. También sostuvo que el detenido deberá responder tanto por la muerte como por el vínculo que habría mantenido con una menor de edad, una afirmación que corresponde valorar ahora a los fiscales y jueces conforme a las pruebas reunidas.
La respuesta institucional empieza con la detención
El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, confirmó que De los Santos Guerrero fue detenido después del hecho y entregado al Ministerio Público. La ocupación del arma presuntamente utilizada constituye una pieza relevante para las diligencias, pero su valor probatorio dependerá de los peritajes, la cadena de custodia y su correspondencia con las evidencias levantadas en la escena.
La Fiscalía deberá reunir testimonios, informes forenses, registros de comunicación y cualquier otro elemento que permita determinar la forma en que ocurrieron los hechos. También tendrá que establecer si existieron antecedentes de amenazas, control, agresiones o advertencias que hubieran podido anticipar el desenlace. La precisión de esas diligencias será determinante para evitar que el caso quede reducido a una versión inicial sin una explicación completa de las responsabilidades.
Una pérdida que también plantea preguntas de protección
La exigencia de justicia expresada por Rocío Sánchez refleja el dolor inmediato de una madre, pero también una demanda pública: que las instituciones identifiquen a tiempo las relaciones que pueden colocar a niñas y adolescentes en situación de riesgo. Cuando el adulto señalado pertenece a un cuerpo policial, la investigación adquiere además una dimensión institucional, porque debe esclarecer no solo la conducta individual, sino cualquier eventual falla de supervisión o alerta que haya permitido el contacto.
“No voy a descansar hasta que se haga justicia”, afirmó la madre, quien dijo confiar en el Ministerio Público y estar dispuesta a acudir a donde sea necesario. La familia enfrenta ahora dos procesos paralelos: el duelo por una joven cuya vida quedó truncada antes de cumplir el sueño de sus 15 años y la búsqueda de una verdad judicial capaz de explicar cómo se llegó a la violencia fatal.
El desarrollo del expediente permitirá determinar si el hecho fue consecuencia de una confrontación específica, de una relación marcada por el control o de otras circunstancias aún desconocidas. Mientras esas respuestas llegan, el caso de Wilmaris permanece como una advertencia sobre los riesgos que pueden ocultarse detrás de vínculos entre adultos y menores, especialmente cuando existen diferencias de edad, autoridad y acceso a recursos de poder.
