Miguel Krassnoff Marchenko, exoficial del Ejército condenado a más de 1.000 años de prisión por ejecuciones, torturas y desapariciones cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, irrumpió en el debate sobre los eventuales beneficios carcelarios para los internos de Punta Peuco con una carta en la que no solo reclama la aplicación de las leyes vigentes, sino que reivindica abiertamente el golpe de Estado de 1973.
“No necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes”, escribió al senador democratacristiano Iván Flores. La misiva, enviada durante el verano y difundida este lunes por la cuenta de X Punta Peuco Hoy, responde a la negativa pública del parlamentario a respaldar una eventual salida de prisión para Krassnoff.
Una carta que convierte la libertad en una disputa política
El intercambio se produce mientras el Congreso analiza un proyecto impulsado por sectores de la derecha tradicional que permitiría sustituir la cárcel por reclusión domiciliaria total para personas mayores de 80 años o con enfermedades graves. La iniciativa no excluye expresamente a quienes cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad ni a autores de delitos sexuales graves.
Flores había advertido que el texto podía beneficiar a “asesinos en serie, violadores, pedófilos” y también a condenados por violaciones de los derechos humanos. Su frase —“No estoy disponible para que Krassnoff salga de la cárcel”— recibió una respuesta directa del exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quien sostiene que su libertad no debería depender de un perdón político, sino de una interpretación favorable de la normativa existente.
El proyecto ha reactivado una discusión que en Chile combina envejecimiento de la población penitenciaria, condiciones de salud y criterios humanitarios con una cuestión jurídicamente más delicada: si los beneficios generales pueden aplicarse sin distinción a personas condenadas por delitos de especial gravedad. En el caso de los crímenes cometidos durante la dictadura, cualquier modificación carcelaria tiene además una dimensión internacional, debido a las obligaciones asumidas por el Estado chileno en materia de verdad, justicia y reparación.
La interpretación jurídica que defiende el exagente
Krassnoff afirma que la categoría de lesa humanidad no puede aplicarse a su caso porque fue incorporada formalmente al derecho chileno recién en 2009. A su juicio, utilizarla para hechos anteriores supondría una aplicación retroactiva de la ley. También sostiene que Gendarmería certificó que en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil —la antigua Punta Peuco— no hay detenidos por causas relacionadas con lesa humanidad.
La Corte Suprema, sin embargo, ha reiterado que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Esa doctrina no depende únicamente de la fecha en que Chile incorporó una determinada figura penal a su legislación interna, sino también de normas y principios internacionales aplicables a crímenes sistemáticos cometidos contra la población civil. La discrepancia revela uno de los puntos centrales del debate: la defensa de Krassnoff intenta trasladar la discusión desde la naturaleza de los hechos por los que fue condenado hacia la denominación jurídica utilizada para sancionarlos.
El exmilitar niega haber recibido órdenes vinculadas con la violación de derechos humanos y se define como un “teniente del Ejército de Chile” que enfrentó a quienes considera “criminales terroristas”. Recuerda, además, haber dirigido un grupo de cinco o seis subordinados jóvenes y reivindica una supuesta Medalla al Valor obtenida en combate. Con ello construye una imagen de combatiente subordinado y condecorado, en contraste con la de agente de una estructura represiva responsable de secuestros, torturas y desapariciones.
La disputa no es solo por una eventual salida
La reacción de Flores fue tajante. Describió a Krassnoff como una persona “en absoluto” arrepentida, marcada por la soberbia y la indiferencia frente a las vidas de quienes pensaban distinto. También recordó que deberá cumplir una condena superior a 1.000 años, aumentada recientemente por una nueva sentencia.
La carta adquiere así un significado que excede la discusión sobre la edad o la salud de los presos. La posibilidad de una reclusión domiciliaria puede presentarse como una medida penitenciaria general, pero aplicada a condenados por crímenes de la dictadura se transforma inevitablemente en una señal sobre el modo en que el Estado interpreta su propio pasado. La ausencia de arrepentimiento expresada por Krassnoff vuelve especialmente difícil separar el beneficio material de su carga simbólica.
La persistencia de una narrativa sobre 1973
El exagente sostiene que él y sus compañeros actuaron en septiembre de 1973 para “liberar al pueblo chileno del yugo marxista” y del “lumpen terrorista”. También critica, sin mencionarla por su nombre, a Jeannette Jara, candidata presidencial de la izquierda derrotada por José Antonio Kast en diciembre, por haber utilizado durante la campaña expresiones que considera ofensivas.
Su lenguaje no busca únicamente justificar decisiones individuales. Reproduce la narrativa con la que sectores vinculados a la dictadura han explicado durante décadas la intervención militar: una operación necesaria para salvar a Chile de una amenaza interna. El problema es que esa interpretación elimina del relato la responsabilidad institucional por la represión posterior y convierte la violencia estatal en una hazaña militar.
Krassnoff concluye asegurando que su libertad total está próxima, sostenido —dice— por su fe y por sus cercanos. Su confianza contrasta con la situación jurídica que describen sus condenas y con la posición de la Corte Suprema. En ese contraste se encuentra el alcance político de la carta: mientras el Congreso discute una reforma de efectos generales, uno de los condenados más emblemáticos de la dictadura reclama no solo un beneficio, sino el reconocimiento de la versión histórica desde la que nunca ha dejado de hablar.
