La defensa del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sobre las recientes compras para las Fuerzas Armadas abre una discusión que trasciende la adquisición de armamento. El punto de fondo no es únicamente si Perú necesita modernizar sus capacidades de defensa, sino cómo financiar esa decisión en un Estado que reconoce no tener recursos suficientes para responder simultáneamente a las demandas de educación, salud, infraestructura, seguridad ciudadana y protección frente a desastres climáticos. La afirmación de que se trata de un gasto “no recurrente” busca delimitar el debate: no sería una nueva carga estructural, sino una reposición puntual después de décadas de baja inversión.
Ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, Cuba sostuvo que en los últimos 25 años el país prácticamente no realizó gastos significativos en Defensa, salvo durante el año anterior y el actual. Según su explicación, los grandes procesos de adquisición ocurren aproximadamente cada 10 o 15 años y responden, además, a compromisos internacionales asumidos en los dos gobiernos precedentes. Bajo esa lógica, el desembolso presente no debería competir permanentemente con el gasto social: una vez concluidas las compras, el margen presupuestario podría orientarse otra vez hacia remuneraciones, infraestructura y servicios públicos.
Sin embargo, la categoría de “no recurrente” merece una lectura más exigente. Comprar una plataforma militar, un sistema de vigilancia o equipamiento especializado puede ser una decisión excepcional en términos de desembolso inicial, pero genera obligaciones posteriores de mantenimiento, entrenamiento, repuestos, seguros, almacenamiento, modernización tecnológica y renovación de capacidades. En otras palabras, el gasto de capital puede no repetirse cada año en la misma magnitud, pero sí crea una factura operativa de largo plazo. La sostenibilidad fiscal de una compra de defensa no depende solo del contrato firmado hoy, sino del costo de mantenerla útil durante toda su vida operativa.
La presión tributaria convierte cada prioridad en una disputa distributiva
El reconocimiento más relevante de Cuba fue probablemente el referido a la presión tributaria. Con una recaudación equivalente a alrededor del 15% del producto, afirmó, no existe forma de atender todas las demandas del Estado. Esta cifra revela un problema estructural: Perú tiene aspiraciones de cobertura pública propias de un país de ingreso medio, pero una capacidad recaudatoria todavía limitada para sostenerlas. La comparación no exige buscar modelos lejanos; basta observar que cualquier ampliación de servicios, desde una escuela con jornada completa hasta una red hospitalaria operativa o una carretera resiliente, requiere ingresos permanentes, no únicamente reasignaciones de corto plazo.
La presión tributaria funciona como una restricción silenciosa sobre el presupuesto. Cuando la recaudación es baja, el debate suele presentarse como una pugna entre sectores: Defensa contra educación, inversión regional contra salarios públicos, subsidios contra infraestructura. Pero esa formulación puede ocultar la raíz del problema. Un Estado con recursos insuficientes tiende a administrar escasez, y no necesariamente a elegir entre proyectos igualmente prescindibles. En ese contexto, toda prioridad legítima se convierte en un costo de oportunidad para otra necesidad también legítima.
El ministro remarcó que educación y salud constituyen la parte más importante del presupuesto por su papel redistributivo, dado que son usadas principalmente por los cuatro quintiles de menores ingresos. Esa observación contiene una clave política y económica. El gasto social no se reduce a una transferencia de recursos: cuando ofrece servicios de calidad, disminuye el peso que salud, transporte, educación y cuidados tienen sobre los hogares vulnerables. Por ello, una discusión presupuestaria que mire solo los montos globales pierde de vista quién absorbe las consecuencias cuando un servicio público es insuficiente.
El verdadero examen está en el costo del ciclo de vida
La primera conclusión analítica es que el Gobierno debería dejar de evaluar las compras de defensa únicamente por su carácter extraordinario y someterlas a una evaluación de ciclo de vida. La pregunta no es si el país compra armamento todos los años, sino qué porcentaje del gasto futuro será necesario para conservar operativos los activos adquiridos. Una aeronave, un buque o un sistema de comunicaciones no producen valor público por el solo hecho de ser entregados; requieren disponibilidad efectiva, personal calificado, protocolos de interoperabilidad y una cadena de mantenimiento que puede depender de proveedores externos.
Este criterio es especialmente importante en un país cuya geografía obliga a las Fuerzas Armadas a cumplir funciones más amplias que la defensa convencional. La capacidad logística militar puede ser decisiva frente a inundaciones, aislamiento de comunidades, transporte de ayuda humanitaria, vigilancia de fronteras y respuesta ante emergencias. Pero esa utilidad dual solo existe si los equipos son seleccionados con una planificación coherente y si los presupuestos de operación no se recortan después de la compra. De lo contrario, el Estado corre el riesgo conocido de adquirir activos visibles políticamente pero de uso limitado por falta de sostenimiento.
La segunda conclusión es que los compromisos internacionales invocados por Cuba elevan la necesidad de transparencia. Si las adquisiciones responden a acuerdos previos, el Ejecutivo debe precisar qué obligaciones están vigentes, cuáles son sus plazos, qué penalidades habría por incumplimiento y qué alternativas de financiamiento fueron evaluadas. La continuidad del Estado es un principio indispensable, pero no debe convertirse en una fórmula que reduzca el escrutinio público. Un compromiso heredado puede ser vinculante y, al mismo tiempo, requerir una revisión técnica sobre su conveniencia, oportunidad y costo fiscal actual.
Entre la necesidad estratégica y la desconfianza ciudadana
Las Fuerzas Armadas y los sectores vinculados a la defensa tienen un argumento sólido: postergar durante décadas la renovación de capacidades suele encarecer el problema. El deterioro acumulado incrementa los costos de reparación, reduce la disponibilidad de equipos y puede obligar a compras urgentes, normalmente menos competitivas y más vulnerables a errores. Desde esa perspectiva, las adquisiciones actuales no deben verse necesariamente como una expansión del gasto militar, sino como una corrección de rezagos que se dejaron crecer. La seguridad nacional también tiene costos cuando se administra con criterios puramente reactivos.
Pero los sectores sociales, gobiernos subnacionales y organizaciones que demandan mayor inversión en servicios básicos observan una tensión distinta. Para una comunidad sin acceso continuo a agua segura, para un hospital con déficit de insumos o para una escuela que opera con infraestructura precaria, la promesa de que los recursos futuros volverán a orientarse al gasto social puede resultar insuficiente. Los déficits actuales no se suspenden mientras el Estado honra contratos de defensa. Además, la población juzga la calidad del presupuesto por resultados cotidianos, no por la clasificación contable entre gasto recurrente y excepcional.
Existe también una preocupación institucional. Las compras de defensa suelen concentrar información sensible, lo que limita la publicidad completa de especificaciones técnicas. Esa reserva puede ser necesaria en determinados aspectos operativos, pero no justifica opacidad sobre los criterios generales de compra, las modalidades de contratación, los mecanismos anticorrupción, los costos de mantenimiento ni los resultados esperados. La protección de información estratégica debe coexistir con auditorías independientes y con reportes accesibles para el Congreso y la ciudadanía. La confianza se fortalece cuando la reserva está claramente delimitada, no cuando se convierte en una barrera total al control.
Elena no es la única amenaza: oro, clima y evasión definen el margen fiscal
Cuba planteó dos posibles shocks que pondrían a prueba las cuentas públicas: un Fenómeno del Niño más intenso y una caída del precio del oro. La combinación es significativa. Un evento climático severo eleva de inmediato la demanda de gasto en atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción; una baja en el valor de un mineral relevante puede reducir ingresos fiscales, inversión y actividad económica. Es decir, el Estado podría enfrentar al mismo tiempo mayores necesidades y menor capacidad de financiarse. En ese escenario, el debate sobre Defensa deja de ser sectorial y pasa a formar parte de la resiliencia general de las finanzas públicas.
La respuesta prioritaria anunciada por el ministro es reducir sensiblemente la evasión tributaria antes de aplicar ajustes fiscales. Es una dirección razonable, aunque compleja. La evasión no se corrige con una sola medida administrativa: exige fiscalización basada en datos, simplificación para pequeños contribuyentes, trazabilidad de operaciones, sanciones eficaces y coordinación contra redes de informalidad que operan fuera del sistema. El potencial recaudatorio existe, pero sus resultados suelen ser graduales. Por ello, basar el espacio fiscal futuro exclusivamente en una mejora rápida de la recaudación puede generar expectativas que no se cumplan dentro del horizonte presupuestario inmediato.
El recurso al endeudamiento de corto plazo y a una política fiscal contracíclica ofrece una segunda línea de defensa. Perú conserva acceso a los mercados de crédito, y usar deuda ante una emergencia grave puede ser más racional que recortar inversión o programas esenciales justo cuando la economía se debilita. No obstante, la deuda solo cumple una función estabilizadora si financia respuestas temporales, inversiones productivas o reconstrucción con resultados verificables. Si se usa para cubrir gastos permanentes sin una estrategia de ingresos, el ajuste no desaparece: simplemente se traslada a los años posteriores mediante mayores intereses y menor flexibilidad presupuestaria.
Una compra puntual no sustituye una política de prioridades
La tercera conclusión es que la discusión abierta por Elmer Cuba debería conducir a una programación plurianual más transparente, no a una defensa aislada de cada gasto. El presupuesto anual es demasiado corto para evaluar sectores cuyas decisiones maduran en una década o más. Defensa necesita planes de capacidades; salud requiere redes, personal y abastecimiento continuo; educación demanda inversión física y carrera docente; transportes requiere conservación además de nuevas obras. La pregunta relevante no es qué sector gana un año, sino qué compromisos de largo plazo puede sostener el país sin deteriorar la calidad de sus servicios esenciales.
Una matriz pública de prioridades ayudaría a ordenar esa discusión. Debería distinguir entre gasto irreversible, obligaciones contractuales, mantenimiento imprescindible, inversión con retorno social comprobable y gastos que pueden diferirse sin consecuencias mayores. También tendría que mostrar el costo de no actuar: cuánto cuesta no modernizar una capacidad de vigilancia, no reparar una carretera vulnerable o no abastecer oportunamente un centro de salud. Esa metodología reduciría el espacio para debates basados solo en símbolos y obligaría a comparar decisiones sobre evidencia, riesgos y resultados.
El planteamiento del MEF es defendible en un aspecto central: no todas las erogaciones relevantes son permanentes y Perú no puede seguir aplazando indefinidamente inversiones estratégicas. Pero llamar excepcional al gasto no resuelve por sí solo la tensión fiscal. La prueba decisiva será demostrar que las compras obedecen a una estrategia verificable, que sus costos futuros están presupuestados y que no desplazan de manera opaca las obligaciones sociales más urgentes. En un país con una presión tributaria de apenas 15%, la modernización de la Defensa solo será políticamente sostenible si se acompaña de una política creíble para recaudar mejor, gastar con mayor calidad y proteger a la población frente a los riesgos que ya están en el horizonte.
