El curso escolar ha comenzado este martes en Ceuta en un contexto excepcional, condicionado por la crisis migratoria y por la percepción de inseguridad de una parte de las familias. La asistencia global del alumnado se ha situado cerca del 70%, aunque los datos provisionales muestran una diferencia relevante entre etapas: acudió el 65% de los estudiantes de primaria y el 83% de los de secundaria, según informó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras la reunión del Consejo de Ministros.
La cifra implica que una proporción significativa de menores no asistió a clase durante la primera jornada. El Gobierno atribuye esta situación a una normalidad todavía incompleta en la ciudad y confía en que la presencia en las aulas aumente en los próximos días. Torres precisó que aún faltaban por comunicar los datos de algunos centros, por lo que el balance difundido tiene carácter inicial y podría variar cuando se complete el recuento.
Primaria concentra la mayor ausencia de alumnado
La brecha de 18 puntos entre primaria y secundaria refleja que la preocupación de las familias se ha concentrado especialmente entre los escolares de menor edad. Aunque no se ha difundido un desglose por centros ni por barrios, el dato de primaria indica que más de un tercio de sus alumnos no acudió en el arranque de las clases. En secundaria, la asistencia fue mayoritaria, pero el 17% de ausencias confirma que la incertidumbre también ha afectado a una parte de los adolescentes y sus hogares.
El Ejecutivo ha subrayado que los colegios e institutos abrieron sus puertas y que los espacios educativos estaban habilitados para desarrollar la jornada lectiva. Torres aseguró, además, que la asistencia del profesorado y del personal no docente fue completa, a falta de las comunicaciones definitivas. La presencia íntegra de las plantillas permite sostener la actividad académica, pero no elimina por sí sola el reto de recuperar la confianza de las familias que optaron por no llevar a sus hijos al centro.
La decisión de abrir todos los centros responde a la voluntad de preservar la continuidad educativa en una ciudad sometida a una presión extraordinaria. La escuela cumple, además de su función académica, un papel de estabilidad cotidiana para los menores. Sin embargo, la vuelta a esa rutina depende de que las garantías oficiales se traduzcan en una percepción de seguridad suficiente durante los trayectos y dentro de los recintos, dos ámbitos que las autoridades han situado en el centro de su mensaje.
El Gobierno defiende la seguridad de aulas y recorridos
La ministra de Educación, Milagros Tolón, afirmó que entiende la “angustia” y las inquietudes de los padres que decidieron no enviar a sus hijos a clase, pero sostuvo que tanto las aulas como los desplazamientos escolares son seguros. Según la ministra, los centros seguirán siendo “espacios seguros” pese a que la ciudad aún no haya recuperado plenamente la normalidad. Su declaración busca combinar el reconocimiento de la preocupación social con un llamamiento a retomar la actividad lectiva.
Tolón calificó el inicio del curso de “atípico” y admitió que la situación ha exigido medidas extraordinarias de apoyo. No detalló en su intervención el alcance concreto de todas esas medidas, aunque el despliegue de seguridad privada en los centros forma parte del dispositivo anunciado para el comienzo de las clases. El objetivo oficial es evitar que la crisis altere de manera prolongada el derecho a la educación y que la incertidumbre inicial derive en absentismo sostenido.
La seguridad privada y la coordinación institucional pueden contribuir a reforzar la protección percibida, pero su efecto dependerá de la evolución de la situación en la ciudad y de la información que reciban las familias. En episodios de tensión, la asistencia escolar no responde únicamente a que un centro esté abierto o disponga de vigilancia; también está ligada a la previsibilidad del entorno, a la confianza en los protocolos y a la capacidad de las autoridades para ofrecer mensajes coherentes y verificables.
Docentes reclaman garantías ante un inicio excepcional
El comienzo del curso también ha puesto el foco sobre el profesorado. Los docentes de Ceuta han planteado la posibilidad de una huelga por la inseguridad en los centros, una posición que revela que las preocupaciones no se limitan a los hogares. Aunque el Gobierno destaca la plena asistencia de los 1.700 docentes de la ciudad en esta primera jornada, la continuidad de ese compromiso requerirá respuestas a las demandas sobre protección, organización de los centros y condiciones para ejercer la labor educativa.
La ministra de Educación valoró el trabajo de esos profesionales y los presentó como un ejemplo de la apuesta de la sociedad ceutí por el bienestar de la infancia. El reconocimiento institucional coincide con una situación en la que los equipos docentes deben sostener las clases, atender a alumnos que pueden llegar afectados por la tensión del entorno y gestionar grupos con una asistencia irregular. Esa combinación puede complicar la planificación ordinaria y obliga a los centros a adaptar su seguimiento académico y comunicativo.
La diferencia entre los porcentajes de primaria y secundaria será uno de los indicadores principales para medir si las medidas adoptadas consiguen normalizar el curso. Si la asistencia aumenta de forma progresiva, el dispositivo podrá interpretarse como una respuesta transitoria eficaz. Si las ausencias se mantienen, la Administración educativa tendrá que reforzar el contacto con las familias y prever apoyos para evitar que los alumnos más vulnerables acumulen retrasos desde las primeras semanas.
La normalidad escolar, vinculada a la evolución de la ciudad
Ángel Víctor Torres, responsable del mando único para gestionar la crisis en Ceuta, reconoció que el escenario “no es sencillo”, aunque defendió el esfuerzo realizado por el Gobierno. La referencia al mando único sitúa la apertura escolar dentro de una respuesta más amplia, en la que confluyen gestión migratoria, seguridad, coordinación territorial y servicios públicos. El funcionamiento de los colegios no puede desligarse, por tanto, de la evolución general de la crisis ni de la capacidad institucional para reducir la tensión en las calles.
El primer día deja una imagen dual: los centros han abierto, las plantillas han acudido y una mayoría del alumnado ha asistido, pero la ausencia de cerca de tres de cada diez estudiantes evidencia que la normalidad aún es frágil. Las próximas jornadas permitirán comprobar si el mensaje de seguridad del Gobierno, el refuerzo de la vigilancia y el trabajo de las comunidades educativas bastan para recuperar la asistencia habitual sin que la crisis migratoria prolongue su impacto sobre la vida escolar de Ceuta.
