Diez años después de la aprobación de PROMESA, Puerto Rico mantiene una deuda más manejable gracias a la reestructuración judicial y a recortes negociados que evitaron pagos inmediatos imposibles. El mecanismo de quiebra protegió temporalmente las finanzas públicas y redujo obligaciones que habrían comprometido generaciones futuras.
Sin embargo, la reducción de la deuda no se tradujo en crecimiento sostenido. La Junta de Supervisión Fiscal priorizó el equilibrio presupuestario y el control del gasto, pero el país sigue sin una estrategia clara para elevar la productividad, simplificar permisos o aumentar la participación laboral.
Riesgo de repetir la crisis
La ausencia de reformas profundas deja abierta la posibilidad de otra crisis fiscal en diez o quince años. La deuda era un obstáculo necesario de remover, mas nunca constituyó por sí sola una base suficiente para una economía más resiliente y competitiva.
El debate público se ha centrado en litigios y recortes mientras los problemas estructurales permanecen intactos. Sin una agenda coherente de desarrollo económico, los avances fiscales actuales corren el riesgo de diluirse ante la próxima desaceleración o choque externo.
