El memorando suscrito entre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Estados Unidos coloca a la inteligencia artificial en un nuevo nivel de la agenda bilateral peruana. El acuerdo, con una vigencia de tres años, no se limita a promover aplicaciones tecnológicas: abarca regulación, infraestructura digital, ciberseguridad, formación de capacidades y participación comercial. Su importancia reside precisamente en esa amplitud. Perú no solo busca utilizar herramientas de IA, sino construir las condiciones institucionales y materiales para que estas tecnologías formen parte de sus servicios públicos, de su aparato productivo y de sus políticas de seguridad.
El jefe del gabinete ministerial presentó la inteligencia artificial como una oportunidad para que los jóvenes peruanos dominen tecnologías de vanguardia y participen en la transformación digital del país. Desde la representación estadounidense, el embajador Bernie Navarro señaló que Washington apoyará el fortalecimiento regulatorio, la capacitación laboral, el desarrollo de infraestructura y la vinculación con empresas de Estados Unidos. El lenguaje diplomático apunta a una relación de cooperación, pero el contenido del documento revela algo más concreto: una disputa por quién definirá las reglas, las arquitecturas tecnológicas y los estándares que gobernarán la próxima etapa digital del Perú.
El acuerdo va más allá de una declaración política
Las áreas previstas en el memorando permiten identificar cinco frentes de trabajo. El primero es la regulación y la gobernanza, con la intención de establecer marcos normativos favorables a los negocios, impulsar servicios públicos digitales y proteger los datos personales. El segundo corresponde a la tecnología y la infraestructura, incluida la computación en la nube, los centros de datos y las redes seguras asociadas al suministro de 5G. El tercero es la ciberseguridad y la adopción de buenas prácticas de protección digital. Los dos restantes son el desarrollo de capacidades educativas y laborales, y la promoción de vínculos comerciales entre proveedores estadounidenses y los sectores público y privado peruanos.
La PCM designó a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como punto de contacto para coordinar la implementación. Estados Unidos estará representado por su embajador en Lima. Esta estructura ofrece un canal institucional definido, aunque todavía no establece públicamente metas cuantificables, calendarios de ejecución, presupuestos ni mecanismos de rendición de cuentas. Esa ausencia es relevante. Un memorando puede abrir puertas y acelerar decisiones, pero su impacto dependerá de que se traduzca en proyectos verificables: sistemas de contratación pública con controles de algoritmos, programas de capacitación con certificaciones reconocidas, centros de datos operativos y normas aplicables a empresas y entidades estatales.
La primera señal de madurez del acuerdo no será la cantidad de anuncios, sino la capacidad de convertirlo en una cartera pública de proyectos. Si durante los primeros doce meses no aparecen responsables, indicadores y fuentes de financiamiento, la cooperación corre el riesgo de quedar reducida a intercambios diplomáticos y pilotos aislados.
La verdadera brecha peruana no está solo en los algoritmos
Perú parte de una posición compleja. La adopción de inteligencia artificial requiere modelos, datos y talento, pero también conectividad confiable, capacidad de cómputo, electricidad estable, sistemas interoperables y entidades capaces de supervisar tecnologías que cambian con rapidez. En muchas administraciones públicas latinoamericanas, el problema no es la inexistencia de herramientas digitales, sino la fragmentación de bases de datos, la falta de estándares comunes y la debilidad de los procesos de compra y evaluación.
Por esa razón, el componente de infraestructura puede ser más decisivo que la presentación de nuevos productos de IA. La nube y los centros de datos permiten desplegar servicios con mayor velocidad, pero también concentran dependencia tecnológica. Si las entidades públicas adoptan soluciones cerradas, incompatibles entre sí o atadas a un único proveedor, el costo de cambiar de plataforma aumentará con el tiempo. La interoperabilidad mencionada en el acuerdo debe convertirse en una exigencia técnica y contractual, no en una aspiración general.
El caso de los servicios públicos ilustra la dimensión del desafío. Un sistema que ayude a clasificar expedientes, detectar irregularidades tributarias o priorizar atenciones de salud puede reducir tiempos y costos. Sin embargo, también puede reproducir errores históricos de los datos con los que fue entrenado. En ámbitos como justicia, seguridad, acceso a subsidios o migración, una decisión automatizada equivocada no representa solo una falla informática: puede afectar derechos, ingresos o la libertad de una persona.
El primer gran punto de análisis es, por tanto, el siguiente: la soberanía tecnológica no consiste en que Perú produzca por sí solo todos los modelos de inteligencia artificial. Consiste en conservar la capacidad de saber qué hace una herramienta, auditar sus resultados, proteger los datos utilizados y sustituirla si deja de ser conveniente. La cooperación con Estados Unidos puede fortalecer esa autonomía si transfiere conocimiento y crea capacidades locales; puede debilitarla si se limita a importar plataformas sin formar equipos peruanos capaces de gobernarlas.
El sector privado verá una oportunidad, pero también nuevas obligaciones
Para las empresas tecnológicas estadounidenses, el memorando abre una vía de entrada a un mercado que necesita modernizar su infraestructura pública y privada. La posibilidad de negociar con entidades peruanas, participar en proyectos de nube, ciberseguridad, centros de datos y 5G, y ofrecer soluciones de IA puede generar inversiones y alianzas comerciales. Para bancos, compañías mineras, operadores de telecomunicaciones, firmas logísticas y empresas de servicios, la cooperación podría acelerar la automatización de procesos y el análisis de grandes volúmenes de información.
Las empresas peruanas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan una situación ambivalente. Podrían beneficiarse de herramientas más accesibles y de programas de formación, pero también quedar desplazadas por proveedores extranjeros con mayor capacidad financiera, acceso a modelos avanzados y experiencia en contratación pública. El riesgo no es únicamente comercial. Si las soluciones se diseñan fuera del país y se aplican sin adaptación al contexto local, pueden fallar frente a la diversidad lingüística, geográfica y socioeconómica del Perú.
La participación comercial prevista en el acuerdo debería incluir mecanismos para que los proveedores locales no sean simples subcontratistas. Universidades, centros de investigación y empresas peruanas necesitan intervenir en el diseño, la evaluación y el mantenimiento de los sistemas. Una política de innovación que solo compre tecnología terminada puede mejorar ciertos servicios en el corto plazo, pero no construirá una industria nacional capaz de generar propiedad intelectual, empleo especializado y exportaciones.
La competencia también deberá ser vigilada. La contratación de sistemas críticos mediante acuerdos poco transparentes puede crear mercados cautivos y elevar los costos públicos. Los pliegos deberían exigir estándares abiertos, portabilidad de datos, auditorías independientes y cláusulas de salida. Sin estas condiciones, la promesa de soluciones “seguras, confiables e interoperables” podría quedar subordinada a la lógica comercial del proveedor dominante.
Regulación: el equilibrio entre innovación, control y derechos
El acuerdo plantea una regulación “amigable para los negocios”, pero esa expresión admite interpretaciones distintas. Para el sector privado, puede significar reglas claras, trámites predecibles y ausencia de prohibiciones desproporcionadas. Para organizaciones de derechos digitales, significa que la innovación no debe servir para flexibilizar la protección de datos ni permitir vigilancia sin controles judiciales y administrativos. El desafío peruano consistirá en evitar tanto el vacío normativo como la reacción regulatoria improvisada.
La experiencia internacional muestra que los marcos de IA tienden a organizarse según el nivel de riesgo. La Unión Europea ha avanzado en obligaciones diferenciadas para aplicaciones consideradas de alto impacto, mientras que Estados Unidos ha promovido estándares técnicos y principios de gestión de riesgos con una aproximación menos uniforme. Perú puede aprender de ambos enfoques, pero no debería copiarlos mecánicamente. El sistema regulatorio debe responder a sus propias capacidades institucionales y a sectores sensibles como minería, seguridad ciudadana, salud, educación y programas sociales.
La protección de datos será un punto crítico. La IA necesita grandes conjuntos de información para entrenar y operar, pero el volumen no garantiza calidad ni legitimidad. Los datos públicos pueden estar incompletos, desactualizados o cargados de sesgos territoriales. Una herramienta de evaluación de riesgo crediticio, por ejemplo, podría penalizar a personas de zonas con menor historial bancario; un sistema de reconocimiento facial podría presentar tasas de error diferentes según características demográficas. La autoridad debe exigir evaluaciones de impacto, trazabilidad de decisiones y vías efectivas para impugnar resultados automatizados.
Una segunda conclusión analítica emerge aquí: en Perú, la confianza será un activo económico, no solo una exigencia ética. Las personas aceptarán servicios públicos asistidos por IA si pueden entender quién responde por las decisiones, cómo se corrigen los errores y qué ocurre con sus datos. Sin confianza, los proyectos enfrentarán resistencia social, litigios y baja utilización. Una tecnología técnicamente avanzada puede fracasar si su legitimidad no acompaña su despliegue.
Talento, educación y empleo: la promesa más difícil de cumplir
La formación de capacidades es uno de los componentes con mayor potencial transformador. La demanda de especialistas en ciencia de datos, ingeniería de software, ciberseguridad, administración de infraestructura y evaluación algorítmica crecerá conforme se extienda el uso de estas herramientas. También aumentará la necesidad de profesionales no técnicos capaces de interpretar resultados de IA en ámbitos como derecho, salud, finanzas y administración pública.
Sin embargo, capacitar no equivale a ofrecer cursos breves de herramientas comerciales. El país necesita una estrategia escalonada: alfabetización digital para la población general, formación técnica en institutos y universidades, programas de reconversión laboral y especialización avanzada en investigación. La colaboración estadounidense podría aportar certificaciones, docentes, acceso a plataformas y vínculos con empresas, pero el diseño curricular debe permanecer alineado con las necesidades peruanas.
El impacto sobre el empleo será desigual. Las tareas repetitivas de atención, clasificación documental, soporte básico y análisis operativo serán las primeras en automatizarse parcialmente. En paralelo, surgirán puestos vinculados a supervisión humana, seguridad, gestión de datos y mantenimiento de sistemas. La transición puede beneficiar a trabajadores con acceso a capacitación, mientras golpea a quienes ya enfrentan precariedad y conectividad limitada. Si las políticas públicas se concentran en formar una élite tecnológica urbana, la brecha digital se transformará en una brecha de productividad y salarios.
Los riesgos que pueden alterar el balance bilateral
El primer riesgo es la dependencia. La participación de empresas estadounidenses puede acelerar la modernización, pero Perú debe negociar condiciones sobre almacenamiento de datos, continuidad del servicio, transferencia tecnológica y jurisdicción aplicable. La seguridad nacional y la prestación de servicios esenciales no pueden depender de contratos que el Estado no esté en condiciones de fiscalizar.
El segundo riesgo es la expansión de la vigilancia bajo el argumento de la seguridad. El fortalecimiento de la ciberseguridad es necesario, especialmente frente a ataques contra instituciones públicas, bancos y operadores críticos. Pero las mismas capacidades de análisis masivo pueden utilizarse para rastrear ciudadanos, perfilar protestas o compartir información sin controles suficientes. La cooperación debe establecer límites claros, supervisión independiente y reglas de proporcionalidad.
El tercer riesgo es la concentración de beneficios. Las grandes empresas pueden adoptar IA con rapidez, mientras las pequeñas quedan rezagadas por falta de financiamiento, datos o especialistas. Un programa nacional que no incluya incentivos para las pymes, laboratorios regionales y acceso compartido a infraestructura reproducirá la concentración económica existente.
También existe un riesgo político. La vigencia de tres años puede atravesar cambios de gobierno, modificaciones presupuestarias o prioridades divergentes. Sin una hoja de ruta pública y acuerdos técnicos que sobrevivan al ciclo electoral, los proyectos podrían reiniciarse con cada administración. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tendrá que actuar como una instancia de continuidad, publicar avances y explicar tanto los resultados como los fracasos.
La próxima prueba será demostrar resultados, no anunciar alianzas
Durante los próximos meses, la cooperación debería traducirse en señales concretas: un inventario de sistemas de IA utilizados por el Estado, reglas mínimas para compras públicas, proyectos piloto con evaluación independiente, programas de capacitación medibles y una arquitectura de interoperabilidad aplicable a distintas entidades. También será importante definir qué información será pública y qué mecanismos permitirán a ciudadanos, empresas y universidades participar en la supervisión.
Si esos pasos se cumplen, el acuerdo puede convertirse en una plataforma para mejorar la productividad, modernizar servicios y formar una nueva generación de profesionales peruanos. La asociación con Estados Unidos aportaría conocimiento, inversión y acceso a un ecosistema tecnológico de gran escala. Pero el resultado no estará determinado por la sofisticación de los modelos importados, sino por la capacidad peruana de negociar, supervisar y adaptar esas herramientas.
La inteligencia artificial puede ampliar las capacidades del Estado y del sector productivo, pero también puede profundizar desigualdades y dependencias ya existentes. El memorando abre una ventana de oportunidad; no garantiza por sí mismo una transformación. El verdadero balance de la alianza se medirá cuando una entidad pública pueda explicar por qué utiliza un sistema, quién controla sus datos, cómo corrige sus errores y qué valor deja en el país después de que termina el contrato. Ahí se definirá si la IA será una infraestructura de autonomía nacional o apenas una nueva capa de dependencia tecnológica.
