La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia, apenas dos días después de su vigencia. La medida alcanza a la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a adolescentes desde los 14 años, y fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual tras un hábeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
El gobernador mendocino Alfredo Cornejo cuestionó la decisión y sostuvo que la magistrada se extralimitó: afirmó que un juzgado puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero no suspenderla de manera preventiva. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañó la crítica y respaldó la posibilidad de promover un juicio político contra la jueza.
El foco está en las condiciones de encierro
La resolución no invalida la ley. Pascual fundamentó la pausa en la falta de plazas, infraestructura, personal especializado y dispositivos adecuados para recibir a un universo mayor de adolescentes privados de libertad. Advirtió que aplicar el nuevo régimen sin esas condiciones podría agravar el hacinamiento y producir vulneraciones de derechos ya presentes en el sistema.
Durante el plazo de suspensión, las autoridades deberán informar qué medidas adoptarán para adecuar la estructura provincial. La jueza convocó además a una audiencia para el 16 de septiembre, con funcionarios bonaerenses y la Comisión Provincial por la Memoria, que actúa como mecanismo local de prevención de la tortura.
La disputa expone dos planos que avanzaron a velocidades distintas: el Congreso resolvió la edad de imputabilidad, mientras Buenos Aires enfrenta límites operativos para ejecutar la norma. El debate judicial ya no se concentra sólo en la severidad de la respuesta penal, sino en si el Estado cuenta con recursos para aplicarla sin convertir la ampliación del régimen en una fuente adicional de deterioro institucional.
