Los vicepresidentes y subsecretarios de los partidos políticos quedarían excluidos del fuero penal electoral si la Asamblea Nacional aprueba la reforma al Código Electoral que comenzaría a discutirse esta semana, en primer debate, en la Comisión de Gobierno. La iniciativa reduciría de manera significativa el número de dirigentes partidarios protegidos por esta figura y tendría un efecto directo sobre las estructuras nacionales de las principales organizaciones políticas.
El proyecto modifica el artículo 305 del Código Electoral y fue presentado por el Tribunal Electoral (TE) ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en septiembre de 2025. La propuesta plantea depurar el catálogo de beneficiarios para que el fuero mantenga relación estricta con el ejercicio de funciones y derechos políticos, evitando que se convierta en una protección procesal de alcance excesivo.
En el Partido Revolucionario Democrático (PRD), la medida alcanzaría a dos vicepresidentes, entre ellos el exalcalde capitalino José Luis Fábrega y Jesenka Espinosa, además de seis subsecretarios. En este último grupo figuran los diputados Raúl Pineda, Raphael Buchanan y Arquesio Arias, así como el exrepresentante de San Francisco Carlos Pérez Herrera, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de peculado. El PRD es presidido por el diputado Benicio Robinson, quien también dirige la comisión legislativa encargada de analizar la reforma, mientras que Balbina Herrera ocupa la Secretaría General.
En Realizando Metas (RM), cinco vicepresidentes y siete subsecretarios perderían el beneficio. Entre los primeros se encuentra Jaime Ford, uno de los imputados en el caso Odebrecht, y Lourdes Castillo, exdirectiva de la Autoridad del Canal de Panamá. También figura la exministra Alma Cortés, investigada por la presunta comisión del delito de peculado, además de Alejandro Pérez. El partido está presidido por Ricardo Martinelli, asilado en Colombia mientras cumple una condena de más de diez años por blanqueo de capitales en el caso New Business. Su secretario general es el diputado Luis Eduardo Camacho.
La propuesta también tendría efectos en las demás organizaciones con representación en la estructura electoral. En el Partido Popular dejarían de tener fuero seis vicepresidentes y tres subsecretarios. En el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), la exclusión abarcaría a seis vicepresidentes —entre ellos la representante de corregimiento Sheyla Grajales y la exvicealcaldesa Judy Meana— y tres subsecretarios. En el Partido Panameñista se verían afectados tres vicepresidentes y tres subsecretarios, mientras que en Cambio Democrático quedarían fuera dos vicepresidentes y tres subsecretarios.
En el Frente Amplio por la Democracia (FAD), tres vicepresidentes y seis subsecretarios dejarían de estar cubiertos. Entre los vicepresidentes se encuentra el dirigente sindical Saúl Méndez, considerado prófugo internacional. La reforma también incluye a delegados electorales y enlaces dentro de la depuración del listado de personas protegidas.
Una votación dividida en la comisión electoral
La iniciativa generó resistencia desde su presentación en la CNRE. Alma Cortés cuestionó que la exclusión de vicepresidentes y subsecretarios pudiera vulnerar un derecho fundamental, especialmente porque otros cargos partidarios, como los directores, conservarían el fuero. En su momento sostuvo que algunas organizaciones cuentan con numerosas directivas y consideró que retirar la protección a esos cargos constituiría un retroceso.
Ricardo Torres, cuarto subsecretario del PRD, también expresó su oposición. Aunque reconoció que algunas personas podrían utilizar el fuero para protegerse frente a investigaciones, afirmó que el partido no respaldaba la propuesta. Estas posiciones reflejaron una preocupación común entre las organizaciones políticas: que la reducción del beneficio deje expuestos a dirigentes que participan formalmente en la actividad partidaria, pero no ocupan cargos de elección popular.
En contraste, el diputado independiente Jorge Bloise consideró que la reducción constituía un avance, aun cuando la bancada Vamos había planteado eliminar por completo el fuero penal electoral. La propuesta fue aprobada en la CNRE por un margen estrecho: recibió siete votos en contra y siete a favor. El desempate correspondió al magistrado del Tribunal Electoral Narciso Arellano, cuyo voto permitió cerrar la votación con ocho respaldos y siete rechazos.
El alcance de una protección excepcional
Al presentar el paquete de reformas ante el pleno legislativo el pasado 31 de agosto, Arellano explicó que el fuero penal electoral debe proteger el ejercicio de funciones y derechos políticos, pero no extenderse más allá de esa finalidad. Según el magistrado, el objetivo de la modificación es impedir que una garantía excepcional opere como una inmunidad procesal amplia.
La discusión ocurre en un contexto en el que varios políticos protegidos por esta figura han enfrentado investigaciones o procesos judiciales. Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental y excandidato a diputado, renunció al fuero mientras era investigado por presunto enriquecimiento injustificado. Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y candidato a diputado por el PRD, también tuvo esa protección durante investigaciones relacionadas, entre otros asuntos, con los auxilios económicos.
En otro caso, el Tribunal Electoral ordenó levantar el fuero de la exdiputada y excandidata presidencial Zulay Rodríguez por un proceso relacionado con la presunta apropiación de láminas de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos. Martinelli también contó con fuero penal electoral durante distintos procesos, incluido el caso Odebrecht.
El fuero penal electoral existe desde 1983, cuando fue incorporado mediante la Ley 11 del 10 de agosto de ese año. Su aplicación se activa cuando un partido realiza elecciones internas o primarias, o participa en comicios generales. La reforma no elimina la figura, pero restringe quiénes pueden beneficiarse de ella. Su aprobación dependerá ahora del debate legislativo y de la eventual revisión del pleno, donde volverán a enfrentarse las posiciones que buscan preservar una protección amplia y las que pretenden circunscribirla a quienes ejercen responsabilidades electorales directamente vinculadas con la representación política.
