Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la percepción de las amenazas a la seguridad en Estados Unidos ha cambiado de manera significativa. Una encuesta de Reuters/Ipsos muestra que los estadounidenses están ahora más preocupados por los ataques cometidos por extremistas nacionales que por las acciones de grupos terroristas extranjeros, aunque los actos aleatorios de violencia —como los tiroteos masivos— siguen ocupando el primer lugar entre sus principales inquietudes.
Una amenaza que cambió de origen
Cuando se preguntó cuál representa el mayor peligro para la seguridad del ciudadano estadounidense promedio, el 42% de los participantes mencionó actos aleatorios de violencia. El 33% señaló el terrorismo doméstico y el 20% eligió el terrorismo extranjero. La encuesta fue realizada entre el 28 y el 31 de agosto entre 1.167 adultos de todo el país, con márgenes de error de entre tres y seis puntos porcentuales.
La comparación con los datos de mediados de 2013 refleja un desplazamiento claro. En aquella medición, el terrorismo extranjero era considerado la principal amenaza por el 28% de los encuestados, frente al 21% que mencionaba el terrorismo interno. Una década más tarde, el orden se invirtió: la violencia extremista de origen nacional pasó a superar en 13 puntos porcentuales la preocupación por organizaciones extranjeras.
Del impacto del 11-S a una experiencia más cercana
Los atentados del 11 de septiembre definieron durante años la manera en que la sociedad estadounidense entendía el terrorismo. Militantes de Al Qaeda secuestraron aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en las afueras de Washington, causando miles de muertes y desencadenando una respuesta militar prolongada, incluida la invasión de Afganistán.
La amenaza extranjera también quedó asociada con el atentado del Maratón de Boston de 2013, inspirado por Al Qaeda y perpetrado por dos hermanos nacidos fuera de Estados Unidos. El ataque dejó tres muertos y más de 260 heridos, además de una cuarta víctima mortal que falleció días después. Sin embargo, en los años posteriores, una sucesión de ataques vinculados con ideologías extremistas desarrolladas dentro del país modificó el foco del debate público.
Entre esos episodios se encuentra el tiroteo de 2016 en una discoteca gay de Florida, que causó 49 muertes, así como ataques dirigidos contra ciudadanos negros, latinos y judíos. La encuesta no establece una relación causal única entre estos hechos y el cambio de percepción, pero la acumulación de episodios violentos ocurridos en territorio estadounidense ha hecho que el riesgo interno resulte más tangible para una parte importante de la población.
La dimensión ideológica amplía la brecha
La diferencia es todavía mayor cuando la pregunta se concentra específicamente en los ataques motivados por ideologías extremistas. El 61% de los encuestados considera que los extremistas nacionales representan la mayor amenaza, mientras que el 34% atribuye ese riesgo a actores extranjeros.
Ese resultado sugiere que los estadounidenses distinguen entre el terrorismo organizado desde el exterior y una violencia política o identitaria que puede surgir dentro de sus propias comunidades. La preocupación no se limita a la capacidad operativa de los grupos, sino también a la facilidad con que discursos radicales pueden difundirse, movilizar a individuos y transformarse en ataques aislados difíciles de detectar con anticipación.
El clima político también forma parte de este contexto. El presidente Donald Trump ha enfrentado varios intentos de asesinato, incluido un tiroteo en 2024 que le provocó una herida en la oreja. En septiembre de 2025, el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba ante estudiantes universitarios en Utah. Estos hechos han reforzado la percepción de que la violencia con motivaciones políticas puede afectar a figuras públicas, grupos sociales y espacios cotidianos.
El recuerdo del 11-S permanece, pero la confianza en las guerras disminuye
El legado de los atentados continúa siendo relevante. Seis de cada diez estadounidenses dicen que piensan periódicamente en el 11 de septiembre y una proporción similar afirma que respaldaría una respuesta militar si ocurriera otro ataque importante. Además, el 75% considera que los atentados tuvieron un impacto profundo en la nación, frente al 41% que atribuye una influencia comparable a la crisis financiera de 2007-2009.
Sin embargo, mantener vivo el recuerdo del ataque no implica aprobar las guerras que siguieron. El 48% opina que la guerra de Afganistán no valió la pena, frente al 21% que sostiene lo contrario. La guerra de Irak recibe una valoración aún más negativa: el 51% la desaprueba y solo el 21% la considera justificada.
La encuesta también registra una opinión mayoritariamente crítica sobre el conflicto con Irán mencionado en el estudio. Solo el 25% cree que esa guerra ha valido la pena, mientras que el 54% piensa que no. Estos datos reflejan una tensión persistente: la ciudadanía puede apoyar una reacción firme ante un ataque y, al mismo tiempo, desconfiar de intervenciones militares prolongadas o de sus resultados estratégicos.
Seguridad aeroportuaria: consenso sobre los controles, rechazo a ampliar la vigilancia
La respuesta interna del Gobierno obtiene una valoración más favorable en dos áreas concretas. Seis de cada diez estadounidenses consideran que las medidas adoptadas después del 11-S han sido al menos algo eficaces para prevenir nuevos ataques en suelo estadounidense. Asimismo, una mayoría bipartidista —el 71% de los demócratas y el 75% de los republicanos— cree que el reforzamiento de la seguridad aeroportuaria ha valido la pena pese a las demoras y las interrupciones en los viajes.
La preferencia por una gestión federal también supera a la propuesta de sustituir los controles públicos por contratistas privados: solo el 23% respalda esa posibilidad, mientras que el 48% se opone. El resultado apunta a que los ciudadanos pueden aceptar restricciones visibles y costos operativos cuando las vinculan directamente con la prevención de ataques.
El consenso se rompe en materia de vigilancia. El 65% rechaza que las agencias de inteligencia puedan supervisar las comunicaciones electrónicas de ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial. La disposición legal que permitía esa práctica expiró en junio, aunque la administración Trump ha pedido al Congreso que la reautorice. La diferencia entre el apoyo a los controles aeroportuarios y el rechazo a la vigilancia sin autorización judicial muestra que la población no evalúa todas las medidas de seguridad con el mismo criterio: la eficacia percibida debe competir con las preocupaciones sobre privacidad, supervisión institucional y límites al poder del Estado.
La encuesta de Reuters/Ipsos retrata, en conjunto, una sociedad que sigue marcada por el 11-S, pero que interpreta el riesgo actual desde experiencias más próximas: violencia política, extremismo doméstico y ataques impredecibles. El cambio no elimina el temor a las amenazas extranjeras, pero sí revela que la seguridad nacional estadounidense se discute cada vez más como un problema interno, vinculado con la radicalización, la violencia armada y la capacidad de las instituciones para prevenir ataques sin ampliar excesivamente sus facultades.
