El Ayuntamiento de Labajos deberá desmontar y retirar del espacio público el monumento dedicado a Onésimo Redondo en un plazo máximo de seis meses. La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha incluido el conjunto en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática y ha requerido al municipio, como titular del bien, que ejecute voluntariamente la resolución. Si no lo hace dentro del periodo concedido, podrá iniciarse el procedimiento previsto en el artículo 37 de la ley.
La decisión fue firmada el 1 de septiembre y pone fin a un expediente iniciado de oficio el pasado 9 de febrero. La resolución no limita la actuación a la retirada de inscripciones o emblemas concretos, sino que ordena desmontar toda la estructura y sacarla del espacio público. El Ayuntamiento ha alegado que carece de medios técnicos para realizar los trabajos y de un lugar apropiado para conservar las piezas, pero la Administración estatal sostiene que la responsabilidad y los costes corresponden al titular del monumento.
Una construcción vinculada a la conmemoración franquista
El monumento se encuentra en el lugar de Labajos donde Onésimo Redondo murió en julio de 1936. Su configuración actual está formada por un muro curvilíneo de unos cuatro metros de altura, una torre central y una cruz. Aunque en febrero de 2020 fueron retirados dos paneles de piedra con simbología falangista —entre ellos el yugo, las flechas y motivos vegetales—, la comisión técnica considera que aquella intervención no modificó el significado esencial del conjunto.
El criterio de la Dirección General se basa en el origen y la función pública de la construcción. Según el expediente, el monumento fue concebido durante la dictadura para homenajear a uno de los fundadores de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista y a una figura transformada posteriormente por el franquismo en referente ideológico y simbólico. Por esa razón, el organismo entiende que todavía constituye una expresión de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura, aunque ya no conserve los símbolos falangistas que formaban parte de su diseño original.

La resolución subraya así una diferencia relevante: la retirada de elementos explícitos de propaganda no basta cuando permanece la estructura conmemorativa, su emplazamiento y la finalidad para la que fue levantada. Para la comisión, el monumento no funciona únicamente como señal del punto donde murió Redondo, sino como un homenaje público construido dentro de la política memorial de la dictadura.
Las alegaciones del Ayuntamiento
El Consistorio presentó sus alegaciones el 18 de junio para defender la permanencia del conjunto. Argumentó que su valor es principalmente histórico, documental, territorial y testimonial, porque identifica el lugar exacto de la muerte de Redondo. También admitió que el monumento no posee una relevancia artística singular ni cuenta con protección patrimonial, aunque planteó que podría integrarse en el patrimonio cultural menor o etnográfico de la localidad.
En su escrito, el Ayuntamiento repasó la trayectoria política y sindical de Redondo y destacó su actividad en el Sindicato de Cultivadores de Remolacha de Castilla la Vieja. Sostuvo que no participó directamente en la dictadura ni en la represión posterior porque falleció en los primeros días de la Guerra Civil. Al mismo tiempo, reconoció que apoyó la sublevación militar y que el régimen franquista lo convirtió después en «Héroe de la Cruzada» y le concedió a título póstumo el título de conde de Labajos.
El municipio defendió además que el conjunto tiene una naturaleza funeraria y religiosa, al estar situado en el lugar de la muerte y contar con una cruz como elemento central. A su juicio, su función actual sería recordar el fallecimiento de una persona, no exaltar su ideología ni a uno de los bandos enfrentados. Como alternativa al desmontaje, propuso añadir una placa explicativa de carácter neutral y didáctico, integrar el monumento en rutas locales de memoria histórica e incorporarlo a un inventario municipal de elementos de interés histórico.
La comisión descarta excepciones arquitectónicas o artísticas
La comisión técnica rechaza estos argumentos porque considera que la evolución biográfica de Redondo no impide aplicar la ley. Su apoyo al golpe militar y la utilización posterior de su figura por el franquismo serían suficientes para situar el conjunto dentro del ámbito de la normativa de Memoria Democrática. Tampoco acepta que la familiaridad de los vecinos, el paso del tiempo o la integración del monumento en el paisaje hayan alterado su naturaleza original.
La contextualización mediante una placa solo permitiría conservarlo, según la resolución, si existieran razones artísticas o arquitectónicas excepcionales. Los expertos descartan que concurran esas circunstancias. El propio Ayuntamiento reconoció que no se trata de una obra escultórica de especial relevancia, mientras que la estructura carece, a juicio de la Administración, de singularidad, originalidad o calidad excepcional.
La Junta de Castilla y León informó durante la tramitación de que el conjunto no figura en la base de datos del Patrimonio Cultural autonómico ni está catalogado en los instrumentos municipales de planeamiento urbanístico. Además, al tratarse de una estructura exenta e independiente, su retirada no comprometería la estabilidad ni la conservación de ningún inmueble protegido. La comisión considera que estos elementos impiden aplicar las excepciones previstas en la ley.
De la retirada de los emblemas al desmontaje total
La actuación de 2020 se produjo después de que el entonces senador de Compromís Carles Mulet advirtiera al Ayuntamiento de que la permanencia de la simbología falangista podía vulnerar la legislación. Las piezas retiradas quedaron custodiadas en dependencias municipales. Días después aparecieron pintadas franquistas y mensajes contra el Partido Popular en varios edificios de Labajos, incluida la casa consistorial, en medio de una fuerte controversia local.
El Consistorio explicó entonces que pretendía adaptar el conjunto a la normativa sin eliminar por completo una construcción ligada desde hacía décadas al paisaje del municipio. La nueva resolución considera positiva aquella retirada, pero insuficiente: la estructura sigue conservando su emplazamiento, su función conmemorativa y la finalidad de homenaje con la que fue levantada. Si el Ayuntamiento decide conservar total o parcialmente sus componentes después del desmontaje, deberá depositarlos y custodiarlos en una dependencia pública, sin posibilidad de volver a exponerlos.
