Un suboficial de tercera de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), identificado como Moisés Isaac Héctor Herrera Flores, de 26 años, fue detenido en el Callao en el marco de una investigación por presuntamente integrar y dirigir una banda criminal dedicada al robo agravado. La Policía Nacional informó que el militar, conocido con el alias de “Angelito”, habría sido señalado por dos detenidos como el supuesto autor intelectual de un asalto cometido durante una falsa negociación para la compra de un automóvil.
La intervención se produjo en la vivienda de Herrera Flores, ubicada en el asentamiento humano Alfredo Villa Calderón, ampliación de la manzana A-1, lote 1. Según la información policial, el suboficial se encontraba en actividad al momento de su captura y no opuso resistencia. La investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que la eventual responsabilidad penal de los detenidos deberá ser determinada por el Ministerio Público y el Poder Judicial conforme al debido proceso.
Una compraventa pactada que terminó en asalto
El caso se inició la noche del lunes, alrededor de las 9.45 p. m., cuando Dante Gordillo Vitón fue citado para concretar la venta de su vehículo. De acuerdo con la versión policial, los compradores aparentes, Michael Kevin Rojas Matos, alias “Peluche”, de 32 años, y Carlos Adolfo Zevallos Aguilar, alias “Chato Martillo”, de 28, habían coordinado previamente la operación con el agraviado.
La transacción no llegó a realizarse. Los investigadores sostienen que ambos hombres amenazaron a Gordillo Vitón con un arma de fuego, le sustrajeron una importante suma de dinero y huyeron del lugar. La denuncia activó las labores del personal de inteligencia del E-5 Norte de la División de Investigación Contra la Criminalidad (Divicc), adscrita a la Dirección de Investigación Criminal, que organizó un operativo para identificar y ubicar a los presuntos autores materiales.
Tras la captura de Rojas Matos y Zevallos Aguilar, ambos habrían brindado declaraciones en las que atribuyeron a “Angelito” un papel de dirección en la planificación del hecho. El jefe de la Divicc, coronel Javier Suárez Tiburcio, señaló que los tres investigados serían integrantes de la banda denominada Los Malandros del Barrio. La tesis policial apunta a una estructura con tareas diferenciadas: quienes contactaban a la víctima y ejecutaban el despojo, y una persona que, presuntamente, coordinaba o disponía la operación.
Dinero, celulares y un arma bajo investigación
Durante las diligencias, la Policía informó la incautación de una pistola FMK con número de serie BB13360, equipos celulares y 16.000 soles. El arma será sometida a pericias para establecer su operatividad, su procedencia legal y una eventual relación con otros hechos delictivos. El análisis balístico resulta especialmente relevante en investigaciones de robos violentos, pues puede permitir determinar si un arma fue utilizada en ataques previos o si figura en registros de denuncias e investigaciones abiertas.
Los tres detenidos son investigados por presuntos delitos contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado; contra la seguridad pública, por uso o porte de arma de fuego y municiones; y contra la tranquilidad pública, por el presunto delito de banda criminal. La imputación por organización o banda requiere, entre otros elementos, acreditar una actuación coordinada y una finalidad delictiva común, aspectos que deberán ser corroborados con testimonios, registros de comunicaciones, pericias y demás evidencias reunidas durante la investigación fiscal.
El hecho adquiere una dimensión institucional por la condición de suboficial FAP del principal investigado. Hasta el momento, la información difundida se concentra en la actuación policial y no precisa si la institución castrense adoptará medidas administrativas paralelas. En situaciones de esta naturaleza, las autoridades deben diferenciar entre la responsabilidad individual que se investiga y la actuación de la entidad a la que pertenece el detenido, sin anticipar conclusiones antes de que se definan las responsabilidades en sede judicial.
Operativos en Lima bajo estado de emergencia
La captura fue comunicada mientras la Policía Nacional mantiene operativos de control de personas y vehículos en distintos puntos de Lima Metropolitana, en el contexto del estado de emergencia vigente. Estas acciones buscan reforzar la presencia policial en zonas consideradas estratégicas, identificar a personas con requisitorias o vinculadas a actividades ilícitas y reducir la circulación de armas de fuego en espacios públicos.
El ministro del Interior, César Astudillo, sostuvo que el retiro de armas del mercado ilegal es una medida preventiva frente a delitos como el sicariato, la extorsión, los homicidios y los asaltos. Tras supervisar un operativo de rastrillaje en Santa Anita, indicó que las armas incautadas serán verificadas para determinar si estuvieron involucradas en otros crímenes y, posteriormente, internadas en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).
La investigación en el Callao ilustra una modalidad recurrente de robo basada en contactos previos y ofertas de compraventa que generan confianza en la víctima. Para las autoridades, el esclarecimiento no depende únicamente de las declaraciones de los detenidos, sino de la consistencia entre esas versiones, la evidencia material incautada y los resultados de las pericias. Mientras continúan las diligencias, la Policía y la Fiscalía deberán establecer si el presunto grupo tuvo participación en otros casos y si existieron más personas involucradas en su eventual red de apoyo.
