Siete hombres encapuchados y armados irrumpieron durante la madrugada en el centro de armonización Las Veraneras, ubicado en un resguardo ancestral de Toribío, Cauca, y liberaron a tres personas bajo custodia de la Jurisdicción Especial Indígena. El grupo destruyó accesos y celdas con herramientas industriales, incendió un vehículo inmovilizado y sometió a los guardias comunitarios que estaban de turno.
Una agresión contra la autonomía comunitaria
Los liberados permanecían retenidos por distintas desarmonías y tendrían vínculos con estructuras delincuenciales. Para las autoridades indígenas, el hecho trasciende la fuga: la incursión interrumpió un mecanismo propio de justicia y debilitó las labores de protección y cuidado que las comunidades desarrollan en una zona afectada por altos niveles de violencia.
Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, advirtió que no es el primer ataque de grupos armados contra sedes de la autoridad indígena con el propósito de extraer detenidos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos rechazó la agresión y la calificó como una vulneración de la jurisdicción, la autonomía, el gobierno propio y el sistema de justicia indígena, especialmente del pueblo Nasa en el Cauca.
Las autoridades de Toribío emitieron órdenes de captura contra Daniel Stiven Yonda López, Jesús Esneider Noscue Pequi y Darico Tenorio Méndez, quienes escaparon durante el asalto, y activaron mecanismos de búsqueda para identificar a los responsables. La ACIN señaló que acciones de este tipo ponen en riesgo la vida y la dignidad de las comunidades, además de frustrar sus esfuerzos por restablecer la armonía territorial. Los pueblos indígenas pidieron al Gobierno revisar las medidas de protección y solicitaron acompañamiento nacional e internacional.
